Indemnizan a 12 ex carabineros dados de baja por protesta de sus esposas
El abogado de los oficiales, Sergio Espejo manifestó su satisfacción por el logro, "pues no es natural que el Estado viole los derechos humanos, pues los ex funcionarios y mujeres no son ciudadanos de segunda categoría".
Un importante acuerdo de "Solución Amistosa" subcribió la Corporación de Interés Público con el Gobierno para poner fin al proceso tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por la violación de los derechos humanos a un grupo de ex funcionarios de Carabineros y sus esposas, quienes serán indemnizados con 17 mil y 3 mil dólares, respectivamente.
Se trata de 12 ex policías uniformados y sus cónyuges, donde el arreglo significa un reconocimiento del Estado de Chile a las injusticias cometidas con estos ex funcionarios. En la firma oficial estuvieron presentes la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco; el general subdirector de la policía uniformada, Gustavo González; la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, abogada Carmen Hertz; y por las victimas estuvieron el ex funcionario afectado Mario Araya y su esposa, Gloria Ponce, y los abogados de la citada corporación, Domingo Lovera y Sergio Espejo.
Los hechos se remontan al 27 de abril de 1998, cuando un grupo de mujeres casadas con funcionarios de Carabineros fueron duramente reprimidas y procesadas por la justicia militar tras realizar un manifestación por los bajos sueldos de sus maridos. Como consecuencia sus esposos fueron sometidos a un proceso de calificación arbitrario y contrario a los derechos que les otorgaban tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, para posteriomente ser dados de baja en 1999.
Los tribunales nacionales no les solucionaron el problema y el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se demandó al Estado de Chile por la violación en este procedimiento de sus derechos fundamentales. Luego de 11 años de tramitación e intensas negociaciones se llegó a este histórico acuerdo, donde se reconoce "que desde el punto de vista de los estándares internacionales, se produjo una vulneración de los derechos de los peticionarios".
También, se implementaron una serie de medidas de reparación, como la limpieza de los antecedentes administrativos de las víctimas, las disculpas formales, revisión de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de calificaciones, acceso directo de las víctimas a prestaciones de salud en el Hospital de Carabineros y Hospital Dipreca, la constitución de una comisión de seguimiento del acuerdo y el plazo de un año para que el Estado de Chile informe a la Comisión Interamericana del cumplimiento del acuerdo.
El abogado Espejo manifestó su satisfacción por el logro, "pues no es natural que el Estado viole los derechos humanos, pues los ex funcionarios y mujeres no son ciudadanos de segunda categoría". También, se mostró conforme con las indemnizaciones de 17 mil dólares para los ex carabineros y 3 mil dolares para las esposas.
