Nelson Ávila denunció fraude por más de $300 millones por parte de directivos del Hospital de San Antonio

Una grave denuncia que está en manos de la Contraloría dio a conocer el senador PRSD y que afecta al Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio. Se trata de una fraude que era encabezado por el propio director del centro asistencial, el doctor Jorge Rivas Negrete junto a otros seis facultativos que aprovechándose de su condición de médicos derivaban a los pacientes del hospital a otros centros de atención, los cuales eran de su propiedad a través de diversas propiedades.

“La cúpula directiva encabezada por su jefe máximo se dedicó a hacer un aprovechamiento a favor personal y de su grupo de las posibilidades que entrega el hospital a sociedades comerciales que constituyeron expresamente para ese propósito. A lo menos siete han sido registradas, una de ella tiene un nombre apropiado, se llama Río Turbio Limitada”, dijo el senador en su particular estilo a ADN Radio Chile.

Ávila explicó que los hechos se conocían desde hace bastante tiempo y fueron denunciados por los sindicatos del hospital, sin embargo, sus directivos no tomaron ninguna medida ante lo cual tuvo que intervenir la Contraloría General de la República.

“Una vez que estaba claro cuál iba a ser el resultado de la investigación de la Contraloría vinieron las denuncias y, por lo tanto, el alejamiento del cargo de esta personas, pero esto ya es muy tarde. Desde luego las sanciones administrativas no va a poder tener lugar y felizmente, dada la gravedad de los hechos, la Contraloría va a hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público y ahí estaremos atentos para que se persigan las responsabilidades por estos delitos”, aseveró el parlamentario.

Explicó que las sociedades creadas “tenían la finalidad de hacer un aprovechamiento ilegítimo de las posibilidades que brinda un establecimiento de esta naturaleza (Hospital Claudio Vicuña) para derivar posibilidades de negocios que deberían rendirle frutos a sus socios. Lo más grave es que muchas situaciones asistenciales había posibilidad de resolverlas al interior del establecimiento haciendo uso de los recursos de que éste dispone regularmente para la atención de la gente, pero se buscaban formas para que fueren diferidas a otras instancias y con eso obtener ganancias ilegítimas a costa de los dineros públicos”.

Respecto al monto de lo defraudado, Ávila manifestó que “hay que hacer investigaciones más finas al respecto; hay diferentes rubros y la suma de todo esto tiene que superar largamente los $ 300 millones”.