Justicia deja en libertad condicional y medidas cautelares a atacantes del cuartel de la PDI
La jueza Marcela Figueroa estimó que el delito de homicidio frustrado que la Fiscalía Oriente imputaba a los estudiantes no era procedente, ya que el ataque en contra del inspector de la PDI, Israel Andrade, correspondería a lesiones menos graves.
En libertad, pero sujetos a medidas cautelares, quedaron este jueves Pablo Alonso Carvajal Aracena, de 18 años, y Matías Josué Castro Aguilera de 20, universitarios imputados participar en el ataque incendiario contra el cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI y de agredir a un funcionario policial que resultó con lesiones de consideración.
En la audiencia efectuada en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Marcela Figueroa, estimó que el delito de homicidio frustrado que la Fiscalía Oriente imputaba a los estudiantes no era procedente, ya que el ataque en contra del inspector de la PDI Israel Andrade, sería constitutivo del ilícito de lesiones menos graves.
Durante la instancia judicial el fiscal Marco Antonio Paredes dio a conocer que tras allanar las casas de los sujetos, se incautaron computadores, pendrives y documentos que contendrían instructivos para armar bombas y registro de sitios web de índole subversivo.
Según se ventiló en la audiencia, los jóvenes habrían sido visto por guardias de una universidad y transeúntes lanzando bombas molotov y efectuando disparos al aire, lo cual, en este último caso, no pudo ser acreditado por la Fiscalía ante el tribunal.
Con todos los antecedentes dados a conocer en más de dos horas de audiencia, la jueza Figueroa acreditó la participación de los muchachos en los enfrentamientos, pero no sus responsabilidades personales en el ataque al funcionario policial que se encuentra internado en el Hospital de Carabineros producto de la brutal golpiza que lo dejó sin cuatro piezas dentales.
Por ello, se resolvió dejar a ambos imputados en libertad, pero bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial –desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la mañana-, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Tras la negativa de decretar la internación provisional de los estudiantes, el prosecutor apeló de manera verbal ante el dictamen, por lo cual Carvajal Aracena y Castro Aguilera deberán permanecer detenidos "en tránsito" en el penal Santiago 1, hasta que la Corte de Apelaciones confirme o revoque su libertad.
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