Exclusivo: Denuncian graves irregularidades cometidas por la administración de la YMCA

La Asociación Cristiana de Jóvenes, más conocida por las siglas de su nombre en inglés: YMCA (Young Men’s Christian Asociation, o popularmente señalada como La Guay) está en la mira de la justicia por una serie de irregularidades, denuncias de corrupción y amenzas entre los miembros de la administración.

Un fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una serie de denuncias que se han hecho desde hace un tiempo en relación a diversas irregularidades cometidas por los que se habrían autoimpuesto como administradores –Constructora Lihuén Limitada, que también es o era propietaria del condominio en su construcción, pero nadie sabe en qué medida, porque nunca ha informado sobre lo que se ha vendido y además no entrega información al respecto a la YMCA (investigación en Fiscalía y 32 Juzgado del Crimen)- y la sentencia lo señala como ilegítimo y antirreglamentaria en su origen, por lo que obliga a que sea cesada en funciones.

Una serie de irregularidades cometidas durante la última década han llevado a la YMCA prácticamente a la bancarrota, ya que a fines de los 90, se concibió la construcción de la llamada Torre de unos 28 pisos que hay en el lugar, con la idea de vender las oficinas y generar utilidades para la corporación y así mantener una serie de actividades sociales que desarrolla esta institución, la que por estar vinculada a un credo religioso, al menos cuando fue constituida, el Ministerio de Justicia le concedió la personalidad jurídica de derecho público, que es la que corresponde a la legalidad de las iglesias y credos en general en nuestro país.

Esto implica que son organizaciones sin fines de lucro, sin embargo, debido a la decisión del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, concreta este proyecto inmobiliario de 550 mil UF, algo así como 24 a 25 millones de dólares, lo que la aleja de la esencia de la organización, ya que su rubro no es generar un negocio inmobiliario, por lo que se crean sociedades comerciales al amparo de la YMCA, con patrimonio de la Guay, y luego éstas adquieren vida propia, no dieron cuenta alguna y se desentendieron de la corporación.

Se habla de una deuda a 30 años, hoy, de unos seis mil millones de pesos de deuda que tiene el proyecto y con cargo a “la Guay” que ha hecho de aval. Cuándo y quién pagará esto es lo que se preguntan los disidentes.

Además, una sola persona, Luis Hidalgo Sersich, ejerce como gerente general de todas las sociedades generadas al amparo de este proyecto.

Por ello, finalmente un grupo de comuneros presentaron una denuncia en el 3er Juzgado de Policía Local para que la Empresa Constructora Lihuén, propiedad de Luis Hidalgo Sersich, la supuesta administradora del condominio que YMCA mantiene en Compañía 1360, esquina Teatinos o Amunátegui, demostrara la legalidad de su mandato, ello ante irregularidades tales como no transparentar el cobro de gastos comunes, ocultando y alterando información sobre los mismos; no constituir un fondo de garantía o reserva legal, alterar bienes comunes, entregar espacios comunes a un banco comercial, no celebrar asambleas ni dar cuenta; manejar la información sobre la enajenación de unidades u oficinas y demorar la escrituración de bienes; concurrir a las asambleas en su triple calidad, ya que Hidalgo Sersich, es gerente de las inmobiliarias Compañía 1390, Constructora Lihuén, y administradora de la comunidad. Pero además es tesorero de la YMCA, o sea, parte del directorio de dicha entidad. Más claramente, él maneja los bienes en su totalidad.

Según sus detractores, Hidalgo traicionando la oferta hecha a los miembros de “la Guay”, convierte el negocio de venta del inmueble (oficinas), que debía hacerse en dos a tres años máximo, a arriendos.

Además hace cobro y uso comercial de los estacionamientos, que son privados, y ni siquiera tiene permiso municipal, por lo que está en trámite una clausura. Recibe ingresos millonarios por este concepto y nadie lo fiscaliza, porque él es el comité.

No más allá de 10 personas se adueñaron de la YMCA, y con diversas maniobras han rotado en los distintos estamentos que existen al interior de la Asociación Cristiana de Jóvenes, como son la asamblea de co propietarios; el directorio, la junta patrimonial, una empresa comercial YMCA que se creó para dedicarse al merchandising interno (poleras, chapas, etc.) pero luego se involucró de alguna manera en el proyecto inmobiliario. Y desde agosto de 1999, cuando se redactó el reglamento de copropiedad, la Asociación Cristiana de Jóvenes ha ido en un notorio detrimento patrimonial, porque toda su capacidad económica se ha distraído para soportar este proyecto inmobiliario que no le ha dado utilidad alguna y en una auditoría realizada, además, se proyecta que no va a generar utilidad alguna al menos en los próximos 20 años.

Pero, paralelamente, personas naturales que están a cargo del proyecto han lucrado sustantiva y millonariamente con ello.

De hecho, también se preguntan los disidentes y los co propietarios del edificio cómo es posible que al Ministerio de Justicia se le haya señalado que la asociación cristiana de jóvenes no le puede pedir la renuncia al gerente y al directorio de las sociedades vinculadas, porque la YMCA no es la propietaria de esas sociedades, sino que sólo tiene el 99% de los derechos sociales.

Esa fue la respuesta dada en 2006, a la entonces subsecretaria de Justicia Verónica Barahona que, ante reclamos de miembros disidentes, decretó que Luis Hidalgo Sersich debía ser removido de la administración de los bienes de “la Guay” y de la inmobiliaria. Pero eso nunca se respetó ni concretó. (Pero tampoco se fiscaliza esa orden del Ministerio).

Un ejemplo, para que se entienda el mal manejo de los bienes de la institución. En Santo Domingo la YMCA tenía un sitio eriazo que se entregó en pago de futuras utilidades que el proyecto daría, a una empresa Demco S.A, la cual debía llevar a cabo la venta de las oficinas del edificio, todo ello a sabiendas que el proyecto no generaría utilidad alguna, y a pocos meses, Demco se retira del proyecto, sin aporte alguno y le pagan con un terreno de enorme valor comercial, de alrededor de 60 a 70 mil UF, patrimonio del que se desprende la YMCA, no las sociedades comerciales. También se vendió un predio que la YMCA tenía en el sector de Valle Nevado, y a un precio irrisorio.

Y eso es lo que reclaman los disidentes.

“La membresía de la Guay son funcionarios y jóvenes, que buscan actividades deportivas, sociales, esparcimiento… hablan de vínculo cuerpo y alma y de formación de hombre integral… pero los llamados socios básicos, que son unos 100, que son propuestos a dedo para formarlo, y finalmente tienen el control de la corporación, ya que son ellos quienes eligen directorio, quienes aprueban proyectos”, dice Jorge Morán, uno de los disidentes más importantes, socio honorario, ya que desde 1931 es miembro de la Guay.

Agrega que cuando se concretó esta decisión, se les había prometido que con la utilidad que diera la venta de estas oficinas, la Guay podría contar construir una filial cada tres años. Hoy tienen la certeza que en 20 años recibirán un edificio totalmente hipotecado, y con una deuda enorme de contribuciones.

Alberto Palma Arancibia, socio activo y hasta hace poco vicepresidente del directorio (compuesto por 15 miembros), y a fin al mismo, se dio cuenta de la situación y hoy está pidiendo la intervención, por segunda vez, del Ministerio de Justicia, ante estas irregularidades, ya que se siente engañado. A la mala administración, profundizada en el ámbito financiero, y que no da ni dará cumplimiento a objetivos sociales de “la Guay”, se suma la situación de empoderamiento del gerente Luis Hidalgo, quien también es socio activo y tesorero de la YMCA. Pero estos cargos son ad honorem, o sea, sin pago, pero como gerente recibe honorarios.

Al no acatarse lo ordenado por el ministerio en 2006, están en rebeldía, el directorio y Luis Hidalgo. Por eso esta segunda presentación es para que se pueda ordenar la situación.

Por María Isabel Guzmán, ADN Radio Chile