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Pleno de la Convención aprobó reconocer a los animales como seres sintientes y su derecho a ser libres de maltrato

Este artículo, así como otros de la comisión de Medio Ambiente, pasaron al borrador de la nueva Constitución.

Pleno de la Convención aprobó reconocer a los animales como seres sintientes y su derecho a ser libres de maltrato

Durante esta jornada, el Pleno de la Convención Constitucional revisó las propuestas de la comisión de Medio Ambiente referentes a la crisis climática, los animales, la biodiversidad y la democracia ambiental.

El artículo más relevante que pasó al borrador de la nueva Constitución es el número 23, que afirma que «los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia, y el derecho a vivir una vida libre de maltrato».

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Además, indica que «el Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales».

De este modo se cumple en la Convención una demanda de las organizaciones animalistas: que los animales sean reconocidos como seres sintientes, y de este modo mejorar la legislación en torno a ellos, sobre todo en lo que respecta al maltrato.

Crisis climática y democracia ambiental

También pasó al borrador de la nueva Constitución el inciso primero del artículo 1 sobre la crisis climática y ecológica. «Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica», reza la norma.

Asimismo, el Pleno respaldó el artículo 23B, que señala que «el Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción».

En cuanto a la democracia ambiental, el artículo 33 sostiene que «se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley».

«Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad, en los términos que establezca la ley», agrega el escrito.

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