Convención Constitucional: la Consulta Indígena termina con menos de la mitad de la participación esperada

Este artículo fue publicado originalmente en VotamosTodos.org

«Contra viento y marea, esta Secretaría de Participación y Consulta Indígena llegó a esta cita histórica, puesto que nuestros pueblos allí nos estaban esperando. Queda la labor de la Convención Constitucional de hacer valer el carácter vinculante de esta consulta única e inédita, para asegurar así su legitimidad». Este mensaje está contenido en el cierre del capítulo III del informe final de la Consulta Indígena. El texto, de 265 páginas, que fue compilado y comentado por el investigador atacameño Juan Pablo Ogalde Herrera, fue presentado a la Comisión de Pueblos Originarios. Tan sólo 56 días tuvo la Secretaría para plasmar el principal mecanismo de participación de los pueblos originarios en la construcción de una nueva Constitución.

La accidentada Consulta Indígena tuvo cinco etapas. De ellas, solo dos semanas fueron destinadas al diálogo entre las comunidades y territorios indígenas, proceso que está sistematizado en el texto que se mostró hoy. Este será un insumo que cada escaño reservado deberá usar para generar iniciativas constitucionales que posteriormente serán votadas por el Pleno de la Convención para llegar al borrador Constitucional.

A modo de contextualización, para la Secretaría Técnica fue crucial señalar que la pandemia, el tiempo y los recursos entregados fueron insuficientes para realizar un proceso completo. De hecho, se calculó una participación de 18.790 personas, pero sólo se registraron 7.549 participantes, quienes acudieron a 380 encuentros presenciales, 79 virtuales y 44 en modalidad híbrida. Esta baja convocatoria fue explicada por el organismo dados los «bajos estándares internacionales que brindó el Estado como garante de esta consulta».

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La sesión de la comisión de Derechos de los Pueblos Originarios estaba citada para el lunes a las 14:30 horas, pero fue atrasada media hora de retraso por el bajo quórum en la sala. Los 30 minutos menos apretaron las intervenciones de quienes debían presentar el informe: contaron solo con una hora. Los coordinadores, Margarita Vargas (kawésqar) y Wilfredo Bacian (quechua), comentaron que esperaban una presentación más detallada por parte de la Secretaría, que sólo alcanzó a hacer un resumen breve del contenido. Este informe debía haber sido mostrado hace una semana, pero fue postergado por la tardanza del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, encargado de hacer la sistematización cuantitativa.

Huenulef Millao Llao, integrante de la Secretaría en representación del pueblo mapuche, explicó a Votamos Tod@s que -desde su perspectiva- «este fue un trabajo colosal». Añadió: «Desde el principio vimos los riesgos y obstáculos como objetivos a superar, ya que la convención no podía quedar sin un proceso de participación directa de comunidades indígenas». Millao Llao, quien fue también coordinador de la consulta, acotó: «El contenido de este informe forma parte de la demanda social urgente e iracunda de los pueblos indígenas del país».

Entre las demandas más repetidas en los territorios originarios está que se reconozca en la Constitución la plurinacionalidad. La segunda más repetida en los resultados es el reconocimiento de la identidad indígena, que permita la cogobernanza política y económica sobre los territorios.

«Lo principal que se quiere reconocer como público para los pueblos es el derecho al agua, así como asegurar el desarrollo sustentable emparejado al buen vivir y el resguardo del patrimonio indígena», indicó Ogalde quien también integra la Secretaría Técnica y, en su calidad de dirigente de la comunidad atacameña de La Banda, en Calama, presentó una Iniciativa Popular de Norma (IPN) destinada a cambiar Notarias y conservadores de bienes raíces por otro órgano con carácter colegiado, paritario y plurinacional.

En segundo nivel están las demandas por una educación plurinacional, salud salud intercultural y otros derechos sociales del adulto mayor, las mujeres y los discapacitados. Dentro de las peticiones que la Convención hizo a la Secretaría fue que se considerase en la discusión a niños, niñas y a personas privadas de libertad. Sí fueron consultados, pero en niveles muy bajos, ya que hubo solo 210 participantes de este tipo para todos los pueblos. Millao explicó que, si bien «no se representa la unanimidad de los pueblos, sí se pudieron manifestar sus anhelos».

La breve presentación de la Secretaría dio paso a una de las voces más críticas del proceso: Eduardo Cretton (UDI). Primero apuntó a la forma: «Es una burla que no hayamos tenido el cuórum para realizar esta sesión a la hora estipulada. Esto muestra el compromiso de algunos con el proceso». Después fue al fondo: «Partiría por decir que este es un proceso valioso de participación, pero no es una consulta real. Se está tratando de maquillar con el nombre consulta, un proceso de participación muy bajo».

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El organismo encargado del proceso informó que, debido al tiempo disponible para realizar la Consulta, debieron realizar una estrategia de focalización, en la que buscaron consultar en mayor medida a las organizaciones políticamente activas. Esta metodología fue también cuestionada por Cretton. Para él, el diálogo sólo se realizó entre «activistas indigenistas y amigos de los escaños reservados, lo que está alejado del común de las voces indígenas». 

Como ya es sabido, la presidenta de la Convención, Maria Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), anunció que la consulta sería uno de sus focos principales de atención. De ahí que su equipo personal se encargó de formar una mesa técnica que colabora con la Secretaría, con el fin de insuflar aire a un proceso que a su llegada a la testera estaba casi paralizado. Para llevar a puerto la consulta, que es clave para el éxito de la Convención Constitucional, Quinteros ha estado presente en las sesiones de la Comisión Indígena y esta no fue la excepción. Se encargó también de contestar a las críticas de Cretton. Quinteros afirmó que se queda con «lo positivo»: «Sé que hay mucho compromiso y un esfuerzo enorme, pero contra toda adversidad la autodeterminación de los pueblos permitió que se lograra».

Quinteros hizo un mea culpa y reiteró lo que han dicho muchos sobre este proceso: «No se debe tomar como ejemplo para las siguientes consultas indígenas que se realicen». Añadió: «Las comparaciones groseras aquí no sirven. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no revueltos. En la consulta de la expresidenta Michelle Bachelet participaron 17 mil personas y acá 7 mil […], pero tuvimos 15 días en relación con los 6 a 8 meses que el otro proceso tuvo. Así que hagamos comparaciones reales».

Alexis Caiguan, representante mapuche, también replicó a las críticas: «A pesar de que sepamos que la consulta se debió realizar de otra forma, hay que decir que el Estado nos puso zancadillas de presupuesto y de gestión. Hay que considerarlo al momento de criticar. Los pueblos sabían que iba a ser difícil y los invito a aprovechar esto».

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también entregó un informe. Presentó en cinco minutos una sistematización de las Iniciativas Constitucionales Indígenas ingresadas a la Convención. Le pieza es firmada por el abogado y profesor de la Universidad de Chile Salvador Millaleo Hernández, coordinador académico de la Plataforma Constitucional Indígena.

Otra de las voces escuchadas fue la del equipo financiero, que dio cuenta de los $974 millones enviados a las universidades estatales, que gestionaron los gastos. De ese dinero, $269 millones se utilizaron en alimentación, traslado y otros ítems. Esto no considera lo proporcionado por las instituciones en convenio, que entregaron su ayuda en casi todas las regiones.

En estos meses hubo dos cambios de coordinación, problemas de administración, diferencias entre los escaños reservados, atrasos y falta de tiempo, de presupuesto y de personal. Finalmente, la Convención tiene los resultados de una Consulta Indígena desarrollada acorde a los tiempos y contexto que había. Ahora queda que, en una semana, los convencionales hagan llegar las iniciativas de norma que incluyen las peticiones constitucionales de los pueblos y se pruebe así que este proceso ha sido realmente vinculante. Si eso se realiza, habrá incisos llegados desde los territorios indígenas a la nueva Constitución.