Investigación de colusión en gas licuado en Perú involucra a filial de Lipigas
El organismo de libre competencia de Perú señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios, especialmente en los cilindros de 10 kilos.

Otra empresa chilena, ahora en el sector de distribución de gas, enfrenta una investigación por colusión esa vez en el mercado peruano.
Según consigna Diario Financiero la distribuidora de gas Lipigas, ligada al grupo Yaconi SantaCruz y un grupo de inversionistas locales, entre ellos Andrónico Luksic y Leonidas Vial es investigada por presunta concertación de precios.
Según la investigación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de Perú las involucradas en el acuerdo colusorio son Repsol Gas del Perú SA, Zeta Gas Andino SA, Llama Gas SA, Forza Gas E.I.R.L y Lima Gas SA. Esta última firma es filial de la chilena Lipigas, la que adquirió su propiedad en 2013.
Si bien Lipigas adquirió Lima Gas en 2013, varios de sus accionistas ya participaban de la propiedad de la distribuidora peruana con anterioridad, entre ellos sociedades ligadas a Pablo Noguera Gorget, Manuel Santa Cruz López; Pola M. Pía, Jaime y Juan Pablo Santa Cruz Negri e integrantes de la familia Vinagre.
En el inicio de la investigación el organismo de libre competencia de Perú señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población). Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.
Asimismo, las firmas habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo, ni tampoco la baja del 1% en el IVA (IGV) decretada por la autoridad.
Según el medio, el proceso está en su etapa inicial. De hecho las firmas acusadas no han tenido acceso a las pruebas con las que Indecopi elaboró la acusación, y se estima que podría durar hasta tres años en la fase administrativa. Luego de esto, si las firmas son sancionadas, pueden recurrir a tribunales.
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