Contraloría detecta fallas en la U. del Biobío para recuperar más de $4.200 millones en becas docentes
La auditoría reveló cobros tardíos, causas prescritas y más de $1.500 millones sin registrar contablemente. La CGR formuló un reparo y ordenó un sumario.

Universidad del Biobío
La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves deficiencias en las gestiones realizadas por la Universidad del Biobío (UBB) para recuperar más de $4.200 millones en recursos públicos destinados a becas de perfeccionamiento académico entre 2017 y 2024.
Los fondos fueron entregados a docentes que posteriormente no cumplieron todas las obligaciones comprometidas.
Según el Informe Final N.º 128 de 2026, la institución inició tardíamente acciones de cobro por $2.019 millones y “no acreditó la efectiva restitución” de otros $2.192 millones por los cuales ya se habían presentado demandas.
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Más de $300 millones podrían no recuperarse por prescripción
La auditoría estableció que aún existen $308.501.921 respecto de los cuales no se ejercieron oportunamente acciones judiciales. Esta situación provocó la prescripción de causas y comprometió la posibilidad de recuperar dichos montos.
El organismo fiscalizador también identificó largos periodos de inactividad procesal y procedimientos judiciales que habrían terminado sin resultados favorables para la universidad. Además, tras finalizar en junio de 2020 el contrato con una empresa externa de cobranza, la UBB no acreditó la adopción de medidas suficientes para mantener la continuidad de estas gestiones.
La revisión también reveló desorden contable. Al cierre de 2024, la institución no había registrado deudas por $1.452 millones asociadas a ceses de patrocinio ya decretados, además de otros $88,5 millones correspondientes a procedimientos todavía no formalizados.
En algunos casos transcurrieron “más de 10 años” entre la decisión de retirar el patrocinio institucional y la emisión del decreto necesario para comenzar el cobro.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría formulará un reparo para determinar una eventual responsabilidad civil de los funcionarios que omitieron acciones oportunas. También instruyó a la universidad iniciar un sumario administrativo y remitir el acto correspondiente dentro de 15 días hábiles, además de fortalecer sus controles y elaborar un registro consolidado de los pagarés vinculados a estos programas.
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