Deudas millonarias, contactos en la PDI y órdenes desde la cárcel: la red del Tren de Aragua que prostituía a mujeres en Plaza de Armas

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo simple a ocho integrantes de una red que explotaba sexualmente a mujeres en sectores cercanos a la Plaza de Armas y el Portal Fernández Concha, en pleno centro de la capital.

Se trata de Lewis Rubén Ponce Ortiz, Luis Jerardo Osal Rodríguez, José Gregorio Rodríguez Milano, Alexandra Milagros Milano Ibarra, Carlos Enrique Barrios Moreno, Kevin Andrés López Escobar, Brayan Alexis Valencia Hernández y Carlos Sebastián Romero Madariaga.

Estos sujetos, integrantes de una célula del Tren de Aragua, durante más de un año convirtieron distintos departamentos, calles y locales del centro de Santiago en piezas de una misma estructura de explotación sexual. Las víctimas eran captadas en el extranjero, trasladadas clandestinamente hasta Chile y, una vez en la capital, obligadas a prostituirse para pagar deudas que la propia organización les imponía.

El fallo estableció que la agrupación correspondía a una sección del Tren de Aragua, liderada por Ponce Ortiz. La organización operó, al menos, entre octubre de 2021 y enero de 2023, aunque los hechos de trata de personas acreditados durante el juicio se concentraron entre julio de 2022 y enero de 2023.

Un circuito de explotación en pleno centro de Santiago

La red utilizaba distintos inmuebles para recibir, alojar y controlar a las víctimas. En una primera etapa ocupó departamentos de un edificio ubicado en la calle Huérfanos y posteriormente trasladó parte de sus operaciones a calle Lira, donde se acreditó el uso de al menos cuatro departamentos.

Desde esos lugares, las mujeres eran enviadas principalmente a la Plaza de Armas, donde debían contactar clientes y trasladarlos hasta otros departamentos. Uno de los inmuebles más utilizados era el número 210 de Compañía 960, correspondiente al Portal Fernández Concha.

Sin embargo, no era el único lugar donde operaban. La organización también explotaba sexualmente a mujeres en la intersección de Vicuña Mackenna con 10 de Julio. En ese sector, los encuentros se concretaban en un hostal de calle Argomedo o en otros recintos previamente definidos por los integrantes de la agrupación.

Y eso no es todo. El control no terminaba solo con la asignación de un lugar, sino que las víctimas recibían instrucciones específicas sobre los montos que debían cobrar, los departamentos a los que podían ingresar y el dinero que tenían que entregar. Incluso, en algunos casos, miembros de la red permanecían en las calles y en los inmuebles para vigilarlas.

La deuda como mecanismo de sometimiento

El sistema funcionaba sobre la base de cobros que hacían prácticamente imposible abandonar la organización. Las víctimas debían pagar una supuesta deuda o “multa” de entre $3 millones y $5 millones, aunque en algunos casos la cifra podía ser superior.

A ello se sumaban entre $60 mil y $80 mil semanales por concepto de “plaza”, nombre que la estructura utilizaba para cobrarles por permanecer en un territorio controlado por la banda. Además, exigían otros $50 mil como “entrada a la plaza”.

Las deudas eran utilizadas como una forma de sometimiento. Aunque las mujeres generaran ingresos, los cobros semanales, las multas y los gastos impuestos por los tratantes prolongaban su dependencia de la organización. Incluso, quienes intentaban resistirse eran amenazadas o intimidadas con armas.

Uno de los casos reconstruidos durante el juicio fue el de una mujer venezolana identificada por sus iniciales como R.N.O.G. La víctima fue captada cuando todavía se encontraba en Venezuela y necesitaba recursos para mantener a su hija menor de edad. La organización vio su desvalidez, pagó su viaje y coordinó su traslado mediante pasos no habilitados por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta llegar a Chile. Según lo señalado en el juicio, durante el proceso, le hicieron creer que trabajaría bajo condiciones distintas a las que finalmente enfrentó en Santiago.

“¿Eres la multada?”

La mujer llegó a la Plaza de Armas el 1 de diciembre de 2022. Allí fue abordada por dos hombres que le preguntaron si era “la multada” de uno de los integrantes de la red. Ella respondió que no comprendía el término.

En ese momento le informaron que debía pagar $80 mil por utilizar la “plaza”, otros $50 mil por ingresar al territorio y una multa de $5 millones asociada a los gastos de su viaje. Posteriormente, dos sujetos la subieron a un vehículo, le cubrieron los ojos y la trasladaron a una vivienda. Desde el día siguiente comenzaron a buscarla cada mañana para llevarla a la Plaza de Armas, donde fue obligada a ofrecer servicios sexuales para pagar la deuda.

La organización también le indicaba cuánto debía cobrar y a qué lugares tenía que trasladar a los clientes. Días después fue enviada a uno de los departamentos de Lira, donde permanecía bajo la vigilancia de Alexandra Milano y Carlos Barrios.

Según se acreditó en el juicio, José Rodríguez la amenazaba mostrándole pistolas y advirtiéndole que podía matarla si realizaba alguna acción contra la agrupación. La víctima permaneció en esa situación hasta el 21 de diciembre. Para lograr enviar dinero a su familia en Venezuela, les dijo a los integrantes de la red que había sido víctima de un robo. Al día siguiente descubrió que le habían quitado sus pertenencias, pero consiguió escapar del departamento y dirigirse hasta la PDI para denunciar los hechos.

La organización seguía funcionando desde Santiago 1

La investigación también reveló que parte de las operaciones era coordinada desde la cárcel. Luis Osal se encontraba en prisión preventiva en Santiago 1 desde el 18 de julio de 2022, pero continuó participando en la explotación sexual de las víctimas.

De esta manera, la estructura mantuvo sus actividades pese a que uno de sus miembros se encontraba privado de libertad. Las instrucciones seguían circulando entre los integrantes que estaban en las calles, quienes controlaban los departamentos, trasladaban a las víctimas y cobraban las deudas.

El tribunal también tuvo por acreditado que el líder de la agrupación se comunicaba con dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, quienes enfrentan un proceso penal separado. De acuerdo con la investigación, ambos habrían entregado información sobre procedimientos policiales, la ubicación de víctimas rescatadas y antecedentes provenientes de sistemas informáticos reservados de la institución. Su responsabilidad todavía deberá ser determinada en el juicio oral programado para octubre.

La caída del líder

La madrugada del 26 de enero de 2023, detectives de la Brigada Investigadora contra la Trata de Personas ingresaron a un departamento de calle General Gana, en Santiago, para detener a Lewis Ponce Ortiz. En el inmueble encontraron 44 gramos de cocaína, 22 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $50 mil en efectivo, una pistola de aire comprimido con puntero láser y dos teléfonos celulares.

Además del presidio perpetuo por trata de personas, Ponce Ortiz fue condenado a siete años de cárcel por asociación ilícita y a otros cinco años y un día por tráfico de drogas. Los otros siete condenados recibieron, además, penas de dos años de presidio por asociación ilícita. Luis Osal y José Rodríguez Milano sumaron otros tres años y un día por porte de arma prohibida y porte ilegal de arma de fuego, respectivamente.