Trabajadores del Servicio de Reinserción Juvenil de Coronel se movilizan y denuncian grave crisis de seguridad

Funcionarios del Servicio de Reinserción Juvenil de Coronel, región del Biobío, iniciaron una movilización para denunciar una grave crisis de seguridad al interior del centro de internación provisoria y régimen cerrado.

Los trabajadores apuntan a agresiones, robos, decomiso de armas, problemas de infraestructura y falta de espacios para separar a mayores de edad de menores.

El dirigente de ANFUR Biobío, Alejandro Saavedra, aseguró que la situación se ha agravado durante los últimos años. “Se han ido acrecentando las agresiones, la violencia hacia los funcionarios y entre pares”, afirmó.

Además, sostuvo que el recinto presenta “serias fallas estructurales, de infraestructura” y que “se está cayendo a pedazos en muchas partes”.

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Trabajadores piden nueva legislación y reapertura de sección juvenil

Saavedra advirtió que el centro data de 1999 y ya no respondería al perfil actual de los jóvenes internos. “Hoy día ha cambiado el panorama, el escenario es diferente, los jóvenes son mucho más violentos”, sostuvo.

En esa línea, denunció que “hoy día los jóvenes tienen el control del techo, deciden qué jóvenes pueden estar en una casa, qué tíos pueden atenderlos”.

El dirigente apuntó también a la falta de sanciones efectivas y a la imposibilidad de trasladar a mayores de edad a una sección juvenil de Gendarmería en la región. “Los imputados menores de edad pueden hacer lo que quieran y no pasa nada al final”, señaló. Luego agregó: “Este es el centro donde se incautan más armas que en un centro penitenciario de adultos”.

Por su parte, el presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores, Raúl Fuentealba Guzmán, coincidió en el diagnóstico y fue enfático: “Hay una crisis de seguridad en nuestro servicio”.

Los trabajadores piden modificar la Ley 20.084, mejorar la infraestructura y reabrir la sección juvenil de Gendarmería en el recinto penitenciario del Biobío. Fuentealba sostuvo que el objetivo es contar con herramientas para trasladar a jóvenes mayores de edad, imputados o condenados, que no adhieran a los planes de intervención.

Además, los dirigentes advirtieron que el centro no permite una segregación efectiva entre imputados, condenados, menores, mayores de edad y mujeres internas. “Si este Gobierno habla de seguridad, partamos por casa: seguridad para los funcionarios, seguridad para sus funciones y para la gente que trabaja en los servicios públicos también”, cerró Saavedra.