Registro de Vándalos de Kast: estos son todos los delitos, incivilidades y sanciones que contempla el proyecto
El proyecto ingresado por el Gobierno contempla un listado público de personas condenadas por delitos e incivilidades, quienes arriesgan restricciones para acceder a beneficios sociales, subsidios, becas, gratuidad, PGU y otros derechos estatales.

Agencia UNO
El Ejecutivo ingresó este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, una de las iniciativas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública del pasado 1 de junio.
La propuesta, que originalmente fue presentada como Registro Único de Vándalos e Incivilidades, mantiene el fondo anunciado por el Gobierno: crear una nómina pública para personas condenadas por determinados delitos o faltas, con sanciones adicionales a las penas ya establecidas por ley.
De acuerdo con el texto, de 29 páginas, el registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, tendrá carácter público y podrá ser consultado por cualquier persona que se identifique. En el caso de particulares, se permitirá un máximo de cinco solicitudes al año mediante Transparencia, con el objetivo de conocer si una persona figura o no en el listado.
Revisa también:

Además, podrán acceder al registro instituciones del Estado, tribunales, organizadores de espectáculos masivos y de fútbol profesional, administradores de recintos donde se realicen dichos eventos y operadores de casinos de juego.
El proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades, los que permitirán incorporar a una persona al registro siempre que exista una condena firme y ejecutoriada.
Actos vandálicos considerados en el proyecto
El texto establece que serán considerados actos vandálicos los siguientes hechos:
- El atentado contra la autoridad.
- Las amenazas a autoridades en ejercicio de sus funciones o la perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales.
- El impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de autoridad por violencia o fraude.
- La falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.
- El homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público.
- Las lesiones o maltrato de obra contra un fiscal del Ministerio Público o contra un defensor público.
- Las amenazas a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor público.
- La retención o toma de control de un vehículo de transporte público de pasajeros.
- La interrupción de la libre circulación en vía pública o el lanzamiento de objetos a personas o vehículos en vía pública.
- La explotación o participación en casas de juego de suerte, envite o azar.
- Las amenazas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales, y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales.
- Las lesiones contra profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales, y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales.
- La usurpación, cuando la ocupación recaiga sobre inmuebles fiscales, bienes nacionales de uso público o inmuebles destinados a educación parvularia, básica, media o superior.
- El incendio.
- Los daños causados en bienes de uso público, medios de transporte público o servicios públicos o domiciliarios.
- La realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados.
- El homicidio de un carabinero.
- El maltrato de obra a un carabinero.
- El uso de artefactos explosivos o incendiarios y el disparo injustificado de armas de fuego.
- Las carreras no autorizadas de vehículos.
- El tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
- La asociación ilícita para el comercio ilegal.
- El daño en un monumento nacional.
Incivilidades vistas por Juzgados de Policía Local
El proyecto también incorpora faltas que, tras sentencia de un Juzgado de Policía Local, podrán llevar a una persona al registro:
- El depósito de escombros y otros materiales sin permiso de la Municipalidad o la Dirección de Vialidad.
- El consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público.
- El expendio de bebidas alcohólicas.
- La elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin patente municipal.
- El uso del transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa correspondiente.
- El cierre u obstaculización de vías de acceso a playas de mar, ríos o lagos.
A ese grupo se suman otras incivilidades que se tramitan en sede penal:
- La organización o agencia de loterías no autorizadas.
- La provocación o alteración del orden en espectáculos públicos.
- El daño en bienes públicos o de propiedad particular cuyo monto sea inferior a una unidad tributaria mensual.
- El consumo de drogas en la vía pública.
Según la iniciativa, quienes sean condenados por estos delitos o faltas enfrentarán una doble consecuencia: la pena establecida por la ley y, además, la incorporación al registro.
Las sanciones para quienes integren el registro
El proyecto contempla una serie de restricciones para las personas incluidas en la nómina. Entre ellas se consideran:
- La prohibición de postular e ingresar a programas habitacionales.
- La prohibición de acceder al subsidio de arriendo.
- La revocación de permisos precarios o concesiones.
- La prohibición de acceder al Pase Cultural.
- La inhabilidad para postular como responsable o ejecutor de proyectos a fondos concursables del Ministerio de las Culturas.
- La prohibición de acceder a becas de Educación Superior.
- La prohibición de acceder a becas de postgrado administradas por la ANID y el Ministerio de Ciencia.
- La prohibición de acceder a fondos públicos para investigación o innovación financiados por la ANID y el Ministerio de Ciencia.
- La inhabilitación del uso de pases o tarjetas con tarifa rebajada en el transporte público, como la TNE o beneficios para adultos mayores.
- La retención de la devolución anual de impuesto a la renta.
- La prohibición de obtener o renovar licencia de conducir, o su suspensión.
- La prohibición de obtener o renovar el pasaporte.
- La suspensión de exenciones, subsidios o beneficios de gratuidad o rebaja en derechos de aseo domiciliario.
- La prohibición de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional e ingresar a casinos de juego.
- La pérdida de la pensión de gracia.
El texto también crea una categoría para actos vandálicos especialmente graves. En esos casos, además de las restricciones anteriores, se contempla la prohibición temporal de acceder a la gratuidad universitaria y a la Pensión Garantizada Universal.
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