Expertos advierten que Startups y pymes arriesgan multas millonarias y quedar fuera de licitaciones por nueva ley de datos
La normativa exige protocolos de ciberseguridad y trazabilidad técnica, estableciendo sanciones que alcanzan los US$1,2 millones para las firmas infractoras.
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La nueva Ley de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigencia plena está fijada para el 1 de diciembre de 2026, podría transformará de manera radical las condiciones operativas de las startups, pequeñas y medianas empresas (pymes) y proveedores tecnológicos del país. La normativa endurece las obligaciones sobre el manejo de información sensible e introduce sanciones financieras que escalan hasta los US$1,2 millones.
Uno de los focos más críticos de la ley radica en que miles de pequeñas organizaciones se transformarán automáticamente en responsables legales directos al acceder a bases de datos de terceros durante la prestación de sus servicios diarios. Rubros tradicionales como contadores, agencias de marketing, consultoras, empresas de TI, call centers y plataformas SaaS pasarán a la categoría jurídica de “encargados de tratamiento”. Esta condición les impone obligaciones legales propias y una responsabilidad compartida ante cualquier evento de filtración o incumplimiento normativo.
A la par con las multas económicas, la legislación crea un escenario inédito en el mercado nacional: el Registro Público de Infractores. Este catastro, que será administrado de forma directa por la futura Agencia de Protección de Datos Personales, expondrá públicamente a las compañías sancionadas. Expertos del sector advierten que este factor generará un impacto reputacional potencialmente devastador, provocando además que las pymes queden excluidas de procesos de licitación y contratos con grandes corporaciones, las que comenzarán a exigir niveles formales de cumplimiento antes de cualquier contratación.
El fin del almacenamiento informal y exigencias de infraestructura
Al respecto, Cristina Fritz, cofundadora de Digital eXp, advirtió que la mayoría de las pymes chilenas confunden la protección de datos con la mera modificación de contratos o la publicación de políticas de privacidad. La ejecutiva enfatizó que el nuevo paradigma normativo obligará a las organizaciones a rediseñar por completo su arquitectura tecnológica interna, dado que la autoridad fiscalizará evidencias técnicas reales, tales como control de accesos, gestión de incidentes y trazabilidad de la información.
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Los diagnósticos del ecosistema revelan que gran parte de las startups locales opera actualmente de forma deficiente: carecen de contratos obligatorios de tratamiento de datos, protocolos ante filtraciones, registros de procesamiento y medidas mínimas de protección, manteniendo información sensible en planillas Excel, servicios de mensajería como WhatsApp o servidores improvisados. Bajo el nuevo estándar, el uso de estos canales informales quedará fuera del marco competitivo y regulatorio.
Para adecuarse a la ley, las empresas deberán incorporar soluciones de infraestructura crítica que hasta ahora eran excepcionales en el mercado chileno. Entre las herramientas tecnológicas requeridas destacan el cifrado obligatorio de datos, plataformas cloud certificadas, monitoreo continuo, autenticación multifactor (doble factor), sistemas SIEM, soluciones DLP (Data Loss Prevention) y trazabilidad mediante logs. De igual forma, Fritz anticipó que las nuevas plataformas de cumplimiento integrarán inteligencia artificial para transitar desde la reacción hacia una gestión preventiva en tiempo real, detectando accesos indebidos antes de que ocurran las filtraciones.
Costos de adaptación y surgimiento de un nuevo mercado
El proceso de transición hacia los estándares internacionales —los cuales alinean a Chile con parámetros similares al GDPR europeo— demandará inversiones económicas por parte de los privados. De acuerdo con las estimaciones contenidas en la Guía Práctica Protección de Datos Personales en Chile 2026, una startup de tamaño mediano requerirá un presupuesto inicial de entre US5.000yUS15.000 para costear la implementación y adecuación tecnológica de sus procesos de datos.
Sin perjuicio del gasto financiero, los analistas reiteran que el peligro estructural no radica en el costo de adecuación interna, sino en las consecuencias comerciales y reputacionales de la inacción. Por contraparte, el cumplimiento temprano de la normativa se perfila como un factor crítico de competitividad que facilitará la captura de grandes cuentas y la generación de confianza con los clientes.
Finalmente, la entrada en vigencia de la regulación dinamizará la economía local mediante la apertura de una industria de servicios completamente nueva. Las proyecciones de mercado apuntan a que los servicios de consultoría en privacidad, la contratación de oficiales de protección de datos (DPO) externos, el desarrollo de softwares de compliance, la ejecución de auditorías técnicas, las certificaciones y los servicios especializados de ciberseguridad se consolidarán como uno de los nichos de mayor crecimiento económico para los próximos años en Chile.