Tribunal de Temuco admite querella contra exgobernador de La Araucanía por presunta administración desleal y prevaricación

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, contra el exgobernador Luciano Rivas y otros exfuncionarios vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

La acción judicial busca determinar eventuales responsabilidades por los delitos de administración desleal y prevaricación en la ejecución del programa “Reactivación Económica de las MIPYMES”, que transfirió cerca de $9 mil millones a 328 beneficiarios.

Según la querella, una revisión interna detectó un presunto perjuicio patrimonial de $5.898 millones, equivalente a cerca del 65% de los recursos ejecutados.

Revisa también:

• Alerta sanitaria en Chile: circulación de virus respiratorios alcanza su nivel más alto del año y Minsal refuerza llamado a vacunarse
• Concejal con discapacidad visual se retira indignado de sesión: colega le pidió leer un documento

”La obligación nuestra no es guardar silencio”

Además, se denuncian posibles irregularidades en la selección de proyectos y la falta de respaldo documental de algunas decisiones adoptadas durante el proceso.

“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia”, afirmó Saffirio, quien precisó que “no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”.

Entre los querellados también figuran el exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, el exdirector de la corporación Cristian Salas y la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo.

Eventuales delitos de fraude al fisco

Por su parte, Luciano Rivas rechazó las acusaciones y sostuvo que la querella tiene motivaciones políticas. Además, defendió la legalidad de los procedimientos realizados durante su administración y aseguró que colaborará con las diligencias que determine la investigación.

En paralelo, Saffirio presentó una denuncia por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, entre otros que puedan surgir durante la indagatoria.