Partido Comunista propone modificar la Ley Naín-Retamal: esto dicen desde la oposición

Una propuesta legislativa impulsada por diputados del Partido Comunista (PC) para introducir modificaciones estructurales a la Ley Naín-Retamal generó controversia en el escenario político, evidenciando fisuras al interior del conglomerado de Gobierno. Mientras las bancadas que integran el Socialismo Democrático manifestaron su rechazo a la iniciativa, las fuerzas pertenecientes al Frente Amplio (FA) entregaron su respaldo al inicio de la discusión en el Congreso.

El proyecto de ley busca la derogación de los apartados más controvertidos del marco legal vigente, con especial énfasis en la supresión de la presunción de legítima defensa privilegiada en favor de los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. De igual forma, la moción pretende reincorporar la conceptualización penal anterior referida al delito de apremios ilegítimos.

La pertinencia del debate generó tensiones internas debido a que la denominada Ley 21.560 fue promulgada durante el periodo presidencial previo, llegando a ser incorporada formalmente en los balances institucionales de dicha administración como uno de sus principales hitos de seguridad. No obstante, las discrepancias en el sector oficialista respecto a este estatuto de protección policial se mantuvieron latentes desde su tramitación original.

Cuestionamientos del Socialismo Democrático

Desde la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) defendió la efectividad de la legislación actual, argumentando que fortaleció la operatividad de las policías al evitar que los uniformados pasaran automáticamente a la condición de imputados o suspendidos tras usar su arma de servicio. Araya calificó como un error político desmantelar la norma en el actual contexto de avance del crimen organizado, emplazando al PC a reconsiderar su postura.

En una línea similar, el senador Juan Luis Castro (PS) catalogó la moción de extemporánea, señalando que los reparos debieron ser canalizados durante la discusión original del articulado, instancia donde la ley contó con la ratificación del Ejecutivo de la época. Por su parte, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, descartó sumarse a la derogación argumentando que la presunción legal del uso racional del medio de defensa constituye un resguardo indispensable ante agresiones físicas severas a los efectivos, señala Emol.

Respaldo del Frente Amplio al debate

La postura opuesta fue manifestada por el diputado Jaime Bassa (FA), quien argumentó que la normativa ha sido objeto de reparos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según el parlamentario, la aplicación práctica de la legítima defensa calificada ha producido los efectos adversos advertidos en el debate previo, traduciéndose en una baja de los estándares de rendición de cuentas de la fuerza y en la generación de espacios de impunidad.

Finalmente, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, descartó que la revisión de la agenda legislativa interfiera con los compromisos del sector en materia de seguridad ciudadana. El dirigente gremial cuestionó los intentos de cancelar la discusión de manera anticipada, concluyendo que la evaluación y perfeccionamiento de las herramientas legales vigentes forma parte de las dinámicas regulares de un debate democrático.