Marcel y uso de herramienta tributaria para embargos del CAE: “No es algo que se haya pensado para aplicarse a otras materias”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó de manera pública la controversia generada por los embargos a cuentas bancarias aplicados por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Las declaraciones de la exautoridad económica se concretaron este 11 de junio, en el marco del lanzamiento de su nuevo texto titulado “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, obra enfocada en los ciclos financieros y sociales registrados en el país entre 2019 y 2024.

Al ser consultado sobre el procedimiento de retención de fondos que ejecuta el organismo fiscalizador, el economista optó por no emitir un juicio de valor directo ni una calificación hacia la estrategia desplegada por el actual Gobierno. Marcel manifestó de forma expresa su decisión de restar una opinión personal o pronunciamiento político respecto al proceder de la administración central en esta materia.

No obstante, el exjefe de las finanzas públicas introdujo una precisión técnica respecto a los argumentos jurídicos que han trascendido en el debate.

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“Quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el código tributario, así que no es algo ni que se haya pensado eh para aplicarse a otras materias”, expresó el economista.

Discusión de fondo y rol de organismos reguladores

El exministro de Estado puntualizó que el articulado que se ha estado invocando para justificar los embargos pertenece originalmente al Código Tributario, desestimando que se trate de una herramienta planificada o concebida para ser proyectada hacia materias ajenas a la recaudación fiscal propiamente tal.

Respecto a la validez legal de la fórmula implementada por la Tesorería para perseguir los saldos pendientes de los profesionales, el otrora secretario de Estado declinó fijar una postura jurídica obligatoria. Marcel indicó que la evaluación sobre la corrección o irregularidad de estas medidas punitivas competerá exclusivamente a los expertos en derecho y a los dictámenes que emita la Contraloría General de la República.

Finalmente, el autor de la publicación enfatizó que las medidas de corto plazo orientadas a la reprogramación de carteras de deuda o a las acciones de cobranza coactiva resultan insuficientes para abordar la problemática de forma integral. Marcel concluyó que “el tema del financiamiento de los estudiantes, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo en materia de de cobranza, de reprogramación, etcétera, requiere de todas maneras una solución más de fondo y ojalá que pueda abrirse esa esa discusión legislativa”.