Corte de Valparaíso respalda de forma unánime los embargos a cuentas bancarias por deudas del CAE
El tribunal de alzada rechazó cuatro recursos de protección y validó que la Tesorería General de la República aplique las normas del Código Tributario.
TGR - CAE
La Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó la legalidad de los procedimientos de cobranza ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR) y rechazó de forma unánime cuatro recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La resolución judicial representa un nuevo revés para los usuarios del sistema financiero estudiantil que permanecen en condición de morosidad, en medio de la controversia por el congelamiento de fondos bancarios.
La argumentación de uno de los recurrentes sostenía que la TGR utilizaba de manera improcedente las facultades sancionatorias del Código Tributario, bajo la premisa de que los compromisos financieros del CAE poseen una naturaleza exclusivamente civil y no tributaria. Sin embargo, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada descartaron la existencia de actos arbitrarios o ilegales por parte de la entidad recaudadora.
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El dictamen judicial estableció que, una vez activada la garantía estatal producto del impago de la deuda, la TGR se encuentra obligada por mandato legal a exigir la restitución de los recursos fiscales. Para dicho propósito, el tribunal validó que el organismo persecutor utilice el marco regulatorio de cobranza contenido en la normativa tributaria chilena, según se detalló en el reporte institucional.
Criterio judicial unificado y alcance de los embargos
Esta decisión judicial se integra a una serie de fallos favorables obtenidos por la Tesorería durante el último periodo. Previamente, la Corte Suprema declaró inadmisibles cientos de acciones de protección de similar tenor, una tendencia jurídica que ha sido replicada de forma constante por diversos tribunales de alzada a lo largo del territorio nacional.
El escenario judicial coincide con el desarrollo del debate público respecto del impacto de las retenciones de activos financieros a los deudores del CAE. Las estadísticas oficiales provistas por la TGR indican que más de 1.500 personas han sido objeto de estas medidas de embargo forzoso. De acuerdo con los informes emitidos por el Ejecutivo, los procedimientos se han focalizado principalmente en contribuyentes que perciben remuneraciones superiores a los $3,5 millones mensuales.
Tras la notificación del fallo, la Tesorería General de la República reiteró el llamado a la totalidad de los usuarios que registran saldos pendientes asociados al crédito universitario a regularizar su situación financiera. Para ello, la institución mantiene habilitados sus canales de atención digital en su plataforma web dedicada, además de su red de oficinas regionales y provinciales del país.
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