Gobierno respalda a embajador Gabriel Zaliasnik tras investigación vinculada al caso Hermosilla
El canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que la indagatoria recién iniciada por el Ministerio Público no modifica la decisión de nombrar a Zaliasnik como embajador en Israel.
Gabriel Zaliasnik / Leonardo Rubilar
El Gobierno respaldó la designación de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación para indagar eventuales delitos vinculados a conversaciones que el diplomático habría mantenido con el abogado Luis Hermosilla.
La postura fue entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que la indagatoria no altera la decisión adoptada por el Ejecutivo.
“La investigación no modifica las decisiones que se han tomado”, afirmó el canciller ante las consultas de la prensa.
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Pérez Mackenna remarcó que el Gobierno mantendrá una posición de respeto frente al trabajo del Ministerio Público y los tribunales. “Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, señaló.
Ante la insistencia de los medios, el secretario de Estado insistió en que la causa está en una etapa inicial. “Esto es una investigación que se ha iniciado recién, y somos muy respetuosos del Ministerio Público y los tribunales de Justicia. Y no voy a opinar más al respecto”, agregó en declaraciones recogidas por 24 Horas.
La investigación se abrió luego de que el Ministerio Público acogiera una denuncia presentada por la senadora socialista Daniella Cicardini y el diputado socialista Daniel Manouchehri, basada en antecedentes surgidos de conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik.
La denuncia solicita indagar eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.
Entre los antecedentes mencionados figuran una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada; gestiones relacionadas con honorarios en ENAP mientras existía un contrato con la empresa estatal; eventuales intervenciones en nombramientos judiciales; y solicitudes de interceptación de comunicaciones sin autorización judicial.
Por ahora, el Ejecutivo mantiene su respaldo al embajador y recalca que será la justicia la encargada de avanzar en las diligencias.