Estos son los dos nuevos proyectos de ley sobre migración firmados por el Presidente Kast en Arica
Las iniciativas legales buscan ampliar el plazo de detención de extranjeros con orden de expulsión hasta un tope de 60 días y tipificar el tráfico de personas dentro y fuera del país.
via Getty Images / PATRICIO BANDA
El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este domingo 7 de junio de 2026 en el Teatro Municipal de Arica la séptima versión del diálogo ciudadano “Presidente Presente”, una instancia donde estampó su firma para el envío de dos proyectos de ley y una reforma constitucional orientados a combatir de manera directa la migración irregular y el crimen organizado.
Entre los asistentes destacaron el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el Biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; el gobernador regional, Diego Paco; el delegado presidencial, Cristián Sayes; y el alcalde de Arica, Osvaldo Vargas. El paquete legislativo firmado por el Mandatario introduce cambios profundos en los plazos de retención administrativa y expande el catálogo de delitos del Código Penal.
Reforma Constitucional: Ampliación de plazos para ejecutar expulsiones
El primer eje de los anuncios es una reforma constitucional destinada a modificar el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental. El objetivo principal es ampliar el periodo en que un ciudadano extranjero con orden de expulsión administrativa ya dictada puede permanecer detenido para asegurar la ejecución de su salida del territorio nacional.
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Bajo la normativa vigente, las policías cuentan con un techo estricto de cinco días corridos para concretar el proceso. En la práctica, este margen ha resultado totalmente insuficiente debido a las complejas gestiones operativas que exige el sistema, tales como identificar formalmente al afectado, verificar su documentación de viaje, coordinar los permisos con el país de destino, gestionar los pasajes aéreos y realizar los traslados internos correspondientes. La urgencia de la medida cobra relevancia ante la crisis fronteriza: entre los años 2018 y 2024, Chile registró más de 216.000 ingresos por pasos no habilitados, elevando la población extranjera al 8,8% del total nacional en 2024 (un alza del 115,5% respecto de 2017).
La nueva propuesta constitucional establece las siguientes directrices:
- Nuevo margen legal: La ley deberá fijar un nuevo plazo de detención administrativa de entre cinco y sesenta días corridos.
- Mecanismo de prórroga: Dicho periodo podrá ser renovable hasta por dos etapas adicionales de sesenta días cada una, siempre que la renovación se ordene de manera estrictamente fundada por la autoridad competente.
- Control jurisdiccional: Como contrapeso, la reforma encomienda la creación de mecanismos de impugnación judicial para cada renovación, garantizando que los tribunales controlen cada extensión de la medida.
- Sanción no penal: La Moneda aclaró que esta retención no representa un castigo penal, sino una medida instrumental orientada exclusivamente a dar cumplimiento a la expulsión. Tampoco otorga poder discrecional ilimitado, ya que se circunscribe a los márgenes constitucionales.
Con este cambio de estándar, la legislación chilena se asimila a los marcos aplicados en la arena internacional comparada, donde la Unión Europea contempla hasta seis meses de retención (prorrogables a 18), Alemania hasta doce meses, Italia hasta 180 días y España hasta 60 días. Tras la eventual aprobación de la reforma, el Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para ingresar el proyecto de ley que adecúe la Ley de Migración y Extranjería a los nuevos parámetros.
Proyecto de Ley: Persecución al transporte ilegal y el tráfico de migrantes
El segundo pilar de las iniciativas legales apunta a golpear la cadena logística de las bandas internacionales mediante modificaciones al Código Penal, expandiendo el delito de tráfico de migrantes para incorporar figuras que hoy quedan en la impunidad. Hasta la fecha, el tipo penal sancionaba únicamente a quienes facilitaban o promovían el ingreso ilegal hacia Chile, omitiendo otras conductas graves de la cadena delictiva.
La propuesta introduce dos cambios estructurales en el Código Penal:
En primer lugar, se sancionará penalmente la facilitación de la salida ilegal desde Chile hacia el exterior, cerrando una ventana utilizada por las redes mafiosas para captar personas dentro del territorio nacional y coordinar sus egresos clandestinos. En segundo lugar, se crea el delito autónomo de tráfico de migrantes al interior del país, el cual castigará a quienes, motivados por el ánimo de lucro, trasladen o transporten dentro del suelo nacional a personas extranjeras en situación migratoria irregular. Esta conducta no estaba tipificada previamente, pese a que suele ser ejecutada por transportistas locales que no tienen un vínculo directo con los “coyotes” que operan en las líneas de la frontera.
Finalmente, el proyecto estipula que las penas aumentarán considerablemente cuando se ponga en riesgo la integridad física o la vida de los afectados, o bien cuando la víctima del traslado sea un menor de edad. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, la sanción incorporará la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos del Estado, eliminando incluso el requisito de acreditar que existió ánimo de lucro en su actuar. Con este robustecimiento normativo, el Gobierno busca equiparar el estándar chileno con el de países vecinos de Sudamérica como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, que ya cuentan con un enfoque comprensivo y multidimensional frente al tráfico migratorio.
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