Fraude en el Hospital de Buin: condenan a ex autoridad del Minsal a 6 años de cárcel por actos de corrupción

En un fallo unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un severo veredicto condenatorio en contra de los implicados en un esquema de corrupción pública. El tribunal dictó sentencia condenatoria con costas en contra del exempleado fiscal, Mauricio Alejandro Álvarez García, imponiéndole la pena de cumplimiento efectivo de 6 años de presidio.

Álvarez García fue hallado culpable en calidad de autor del delito único de fraude al fisco y cohecho activo, ilícitos perpetrados entre junio y octubre del año 2018. Junto con la pena de cárcel, se le aplicaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para profesiones titulares, sumado al pago de una multa penal de $25.980.256. En la arista civil, los magistrados acogieron la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordenando al condenado pagar la suma de $259.802.566 por concepto de daño material al erario público.

Por su parte, los intermediarios particulares Pía Catalina González González (arquitecta) y su pareja Marcos Andrés Pozo Reyes resultaron condenados en calidad de coautores del delito consumado de soborno. Ambos recibieron una pena de 540 días de reclusión, la cual fue sustituida por el beneficio de remisión condicional por igual lapso, junto con la inhabilitación temporal para oficios públicos. En el caso de Pozo Reyes, se le impuso además una multa a beneficio fiscal de $10.000.000, dictándose la absolución de ambos respecto del cargo de fraude al fisco por falta de acreditación de los acusadores.

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La trastienda del plan delictual: El Hospital de Buin-Paine

La deliberación del tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que el fraude se fraguó aprovechando una coyuntura político-institucional del año 2018. Ante un cambio de autoridades en el Ministerio de Salud (Minsal), se dispuso modificar el modelo de inversión hospitalaria, mutando el proyecto de Reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine desde un sistema de obras propias a uno de alianza público-privada. El proyecto original ya contaba con un presupuesto aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano de $2.099.000.000.

Aprovechando la dilación administrativa provocada por el traspaso de fondos, Mauricio Álvarez García, en su calidad de jefe de Finanzas de la División de Inversiones del Minsal, asistió a reuniones clave con el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). En dicha instancia, Álvarez impuso de forma arbitraria la exigencia de incorporar a un “equipo revisor externo” como condición sine qua non para dar continuidad a la tramitación de las obras, argumentando que se trataba de un requerimiento de las nuevas jefaturas de la cartera.

“La exigencia de Álvarez en orden a incorporar a un equipo externo estaba motivada por la ventaja económica personal, que obtendría al mutar el proyecto (...) modificación que involucraba menores recursos públicos a los ya aprobados, quedando una suma disponible que resultaba útil a las pretensiones de Álvarez, motivación que lo lleva a definir un plan delictual”, estipula el texto de la sentencia respecto al dolo del funcionario.

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Informes básicos e inutilidad técnica de los servicios

Para ejecutar el desfalco, el jefe de Finanzas acudió a dos particulares de su estricta confianza y cercanía: sus vecinos de la comuna de Buin, Pía González y Marcos Pozo, a quienes previamente les había encomendado la edificación de su vivienda particular. Álvarez creó una necesidad ficticia de contratación e introdujo a la arquitecta González como la supuesta coordinadora de un pull de 18 profesionales externos, atribuyéndole competencias y una expertise de la cual carecía por completo, fijando los honorarios del equipo en la abultada suma de $400.000.000.

La indagatoria del Ministerio Público demostró que las prestaciones del equipo externo coordinado por González no resultaron útiles, pertinentes ni provechosas para el proyecto hospitalario, debido a que el anteproyecto interno del SSMS se encontraba en un estado incipiente. Los informes evacuados exhibían un contenido básico, mecánico y reiterativo, elaborados por técnicos sin experiencia en infraestructura hospitalaria, percibiendo honorarios que incluso superaban las remuneraciones de los funcionarios de planta encargados de las tareas sensibles del diseño del edificio.

El engranaje delictivo cerraba su ciclo económico mediante una exigencia espuria: Gonzalo y Pozo les exigían a los profesionales contratados la devolución mensual de un 10% de sus honorarios bajo el pretexto de costear supuestos gastos operacionales de la consultoría. No obstante, esos dineros eran recaudados y entregados directamente de forma clandestina a Álvarez García para su enriquecimiento y beneficio personal.

El perjuicio total causado a las arcas del Servicio de Salud Metropolitano Sur sumó $259.802.566, cifra que abarcó los pagos cursados entre junio y septiembre de 2018 de manera íntegra, y una fracción del mes de octubre. El plan criminal no logró completarse hasta el periodo originalmente pactado en diciembre debido a la aparición de serias desavenencias y disputas comerciales entre los socios del negocio ilícito, especialmente entre el funcionario público y el contratista Marcos Pozo, lo que motivó a que el propio Álvarez solicitara de forma abrupta a la dirección del SSMS el término inmediato de todos los contratos a honorarios.