Una “descarada indiferencia”: negligencias médicas en centros de detención de ICE provocan muertes por todo EE. UU.
El análisis de KFF Health News y AP evidencia fallas sistémicas en el cuidado de reclusos sin antecedentes penales. Las empresas privadas a cargo de las prisiones evaden responsabilidades mientras los tribunales ordenan liberaciones de emergencia.
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Una profunda crisis sanitaria y operativa sacude al sistema de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Una investigación periodística conjunta realizada por KFF Health News y The Associated Press (AP) sacó a la luz cientos de demandas federales interpuestas en al menos 33 estados del país norteamericano.
Los expedientes judiciales dan cuenta de denuncias por grave negligencia y falta de atención médica adecuada al interior de los centros de detención provisorios, cárceles de condados y recintos privados.
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Los datos recopilados demuestran que las solicitudes de asistencia por problemas de salud quedan archivadas o sin respuesta por semanas. Los afectados acusan que no reciben a tiempo —o del todo— los fármacos para controlar patologías crónicas como la diabetes, hipertensión, epilepsia, Parkinson, depresión y VIH.
Esta falta de insumos básicos provocó el agravamiento de infecciones, alzas descontroladas de azúcar en la sangre, avance de tumores cancerígenos sin quimioterapia, e incluso episodios de colapsos físicos y convulsiones en los andenes de las celdas.
Hacinamiento por políticas de deportación masiva
De acuerdo con el análisis de los registros de la corte, el aparato de salud penitenciario colapsó debido al aumento de los arrestos desde el regreso a la Casa Blanca del Presidente Donald Trump. Bajo la directriz de la “detención obligatoria”, la población penal en custodia del ICE se disparó a más de 75.000 inmigrantes a mediados de enero, prácticamente el doble de las 40.000 personas registradas el año anterior. Organizaciones de derechos humanos recuerdan que cerca del 70% de las personas retenidas carecen de antecedentes penales, enfrentando procesos de índole puramente civil.
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La presión sobre la infraestructura derivó en un incremento de la letalidad. Informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconocieron que 51 personas han perdido la vida bajo custodia estatal durante el segundo mandato de Trump, registrándose además una disparada sin precedentes en las tasas de suicidios en los pabellones.
“Nunca había visto semejante desprecio o negligencia médica en ningún otro lugar”, plasmó en su declaración ante el tribunal de Nevada el ciudadano Vardan Gukasian, un exparamédico que permaneció 13 meses encerrado padeciendo crisis de presión alta.
Testimonios de desamparo institucional
La investigación detalló crudos relatos de los internos que interpusieron recursos de hábeas corpus. Un ciudadano guatemalteco de 48 años recluido en Georgia relató que, tras sufrir una lesión mientras era trasladado esposado, terminó con una infección por la bacteria E. coli al ser obligado a dormir en un suelo de cemento sucio junto a inodoros con fugas.
El personal ignoró sus reclamos hasta que perdió el conocimiento, requiriendo un traslado de urgencia donde los médicos evitaron a última hora la amputación de su pierna izquierda. Casos similares incluyen a detenidos que se arrancaron piezas dentales por dolores insoportables o pacientes con sospechas de cáncer de próstata cuyas citas con especialistas se cancelaron por “errores internos de programación”.
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La vulneración de tratamientos se incrementa por los traslados constantes de reclusos entre estados sin previo aviso, perdiéndose los historiales médicos y las dosis de fármacos. Ante las consultas de los medios, firmas privadas que operan los recintos como CoreCivic y Geo Group afirmaron que cumplen con los estándares federales de atención, mientras que el director médico interino del DHS, Sean Conley, defendió la oportunidad de las prestaciones asegurando que muchos extranjeros reciben una atención de mejor calidad que la obtenida en toda su vida previa.
Cierre de fiscalización y desvíos presupuestarios
En paralelo al deterioro de la salud en las prisiones migratorias, las familias de las víctimas acusan un desamparo total debido a resoluciones políticas tomadas en Washington. A principios de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional desmanteló y cerró de forma definitiva la Oficina del Defensor del Pueblo para los Centros de Detención de Inmigrantes, argumentando la falta de asignación de fondos por parte del Congreso. Este estamento actuaba como el único canal para auditar las cárceles y apurar la entrega de remedios.
A nivel de financiamiento, la persistencia de mantener bajo encierro a pacientes críticos elevó el gasto fiscal. Las autoridades del ICE informaron que el presupuesto destinado a la cobertura médica de los extranjeros bajo custodia bordeó los quinientos millones de dólares durante el presente año, superando los 390 millones de dólares reportados en los periodos previos al incremento masivo de la población penal en las fronteras.
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