Proyecto de megarreforma: las tres normas que fueron aprobadas pero están amenazadas con reservas de constitucionalidad
El Gobierno y el oficialismo acusaron que las modificaciones de la oposición transgreden las ideas matrices del proyecto y alteran la responsabilidad fiscal del Estado.
AGENCIA UNO / Oscar Guerra
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite constitucional el Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (boletín 18216). Tras una maratónica jornada de más de 90 votaciones, la idea de legislar se visó por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, logrando además sortear las normas de quórum especial con 84 respaldos.
El texto despachado incluye el corazón del programa económico del Gobierno: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (de 27% a 23%), la reintegración del sistema de rentas y la invariabilidad impositiva.
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Sin embargo, el éxito legislativo quedó supeditado a una profunda traba jurídica. Durante la revisión de las 85 solicitudes de votación separada, tanto los bloques de oposición como el propio Ejecutivo activaron sucesivas reservas de constitucionalidad. Estas herramientas siembran la antesala de una inminente batalla en el Tribunal Constitucional (TC), impugnando los tres pilares estratégicos del proyecto.
Los tres frentes de la disputa constitucional
El debate normativo quedó fracturado en tres grandes bloques de impugnación que amenazan con desmantelar el articulado en las siguientes etapas del Congreso:
1. Invariabilidad tributaria por 25 años (Frente Oposición)
Fue el estatuto que concentró la mayor cantidad de reservas, lideradas por los diputados Marcos Barraza, Jorge Brito, Raúl Leiva, Jaime Mulet, Jaime Bassa, Matías Fernández y Héctor Ulloa.
- El argumento: Los parlamentarios sostienen que amarrar el sistema tributario por 25 años restringe ilegalmente la potestad de las futuras administraciones del Estado por seis periodos presidenciales. Acusan que esto sustrae la fijación de tributos del debate democrático, establece un beneficio discriminatorio que atenta contra la igualdad ante la ley y vulnera el principio de igual reparto de las cargas públicas.
2. Comisiones Especiales e Indemnizaciones Ambientales (Frente Oposición)
Impugnada por los diputados Bassa, Barraza, Francisco Crisóstomo y las diputadas Nathalie Castillo y Carolina Tello.
- El argumento: La centroizquierda denunció que la reforma crea una instancia especial con aparentes facultades jurisdiccionales para dirimir conflictos medioambientales, lo que choca con la prohibición constitucional de establecer comisiones especiales por sobre los tribunales ambientales vigentes. Asimismo, acusaron una alteración al debido proceso al pretender comprometer indemnizaciones estatales basadas en “expectativas de aprobación” de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
3. Sala Cuna Universal e Ideas Matrices (Frente Gobierno/Oficialismo)
Activada de forma inmediata por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y secundada por la diputada Constanza Hube.
- El argumento: El Ejecutivo acusó que la indicación opositora aprobada que crea el derecho a sala cuna universal vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente en la administración del Estado al afectar de manera directa las finanzas públicas. Por su parte, la diputada Hube sumó al requerimiento el cuestionamiento a otras dos indicaciones menores de la oposición, señalando que todas ellas transgreden de forma flagrante las ideas matrices del proyecto de reconstrucción nacional originalmente ingresado por La Moneda.