¿Vehículos sin airbags en aplicaciones? La preocupante alerta de senadores ante el nuevo reglamento de Transportes
Legisladores denuncian que los nuevos criterios de operación podrían permitir la inclusión de autos de menores estándares de seguridad, afectando la integridad de conductores y pasajeros.
Ley Uber / picture alliance
El senador Fidel Espinoza manifestó ante la Comisión de Transportes del Senado su profunda preocupación por los términos del nuevo reglamento que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocido como Ley Uber. A través de una carta suscrita por un grupo de parlamentarios y enviada al ministro Louis de Grange, los legisladores cuestionaron la flexibilización de los estándares exigibles para la operación de estos servicios.
Según detalló Espinoza, la nueva normativa del Gobierno busca reducir las barreras de entrada mediante la flexibilización de la operación. Entre los cambios más polémicos se encuentra el aumento del tope de antigüedad para la primera inscripción, que pasaría de 1 a 5 años, además de la eliminación de requisitos mínimos de cilindrada y potencia del motor.
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Riesgos de saturación y seguridad vial
La misiva —firmada por senadores como Danisa Astudillo, Paulina Vodanovic, Iván Flores y Alfonso de Urresti, entre otros— identifica dos peligros fundamentales derivados de esta liberalización:
- Congestión y Contaminación: El fin del congelamiento de cupos generaría una saturación vehicular que incrementaría la contaminación ambiental en diversas regiones del país.
- Integridad Física: Los legisladores advirtieron que bajar los estándares podría permitir la entrada de vehículos que ni siquiera cuentan con airbags, elevando el riesgo de lesiones graves tanto para conductores como para pasajeros en caso de accidentes.
Defensa del transporte formal
Los parlamentarios recalcaron que, si bien apoyan la formalización de una actividad que sirve de sustento para muchas familias, esta no puede realizarse a costa de la calidad de vida de la ciudadanía. Asimismo, señalaron haber recogido las aprehensiones de dirigentes del transporte formal, quienes ven amenazado su legítimo derecho económico ante criterios que desregulan la oferta frente a la demanda, especialmente fuera de la capital.
Finalmente, los firmantes hicieron un llamado al Ministerio de Transportes para revisar estos puntos, enfatizando que una eventual crisis en la seguridad vial no será responsabilidad de la ley, sino de una “flexibilización exacerbada” bajo una malentendida política de generación de empleo.
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