Segegob responde a Contraloría por uso de “Estado en quiebra” y anuncia sumario administrativo
El ministerio encabezado por Mara Sedini confirmó que acatará el dictamen del organismo fiscalizador, que cuestionó la falta de sustento técnico en la polémica expresión.
Agencia UNO
El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) salió al paso del dictamen emitido este miércoles por la Contraloría General de la República, que cuestionó el uso de la expresión “Estado en quiebra” en publicaciones oficiales y ordenó la apertura de un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.
A través de un comunicado fechado el 29 de abril, la cartera afirmó que es “respetuosa de las atribuciones de la Contraloría” y que actuará conforme a sus obligaciones de “transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones”.
AGENCIA UNO / Sebastian Beltran Gaete
En esa línea, confirmó que dará curso al procedimiento instruido por el organismo fiscalizador.
“Llevaremos adelante el proceso disciplinario instruido en su dictamen”, señaló el ministerio, en respuesta directa al pronunciamiento que surgió tras denuncias de parlamentarios por el contenido difundido en redes sociales al inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
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Pese a las observaciones de la Contraloría, la Segegob también destacó que el dictamen reafirma su rol comunicacional. “Valoramos que se reafirme la facultad que tiene este Ministerio de comunicar a la ciudadanía la delicada situación fiscal en la que nos encontramos”, indicó la declaración oficial, agregando que dicha labor se realizará ajustándose a los criterios establecidos por el ente contralor.
El pronunciamiento de la Contraloría concluyó que, si bien el ministerio puede utilizar plataformas digitales y lenguaje cotidiano para informar, no logró sustentar “fáctica y técnicamente” el uso del concepto “Estado en quiebra”. Además, advirtió que las expresiones empleadas no cumplieron con estándares de moderación, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía.
CAPTURA
En ese contexto, el organismo ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y exigió informar en un plazo de cinco días hábiles sobre el avance del proceso disciplinario.
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