Gobierno retira veto a la Ley Integral de las Personas Mayores ingresado por la administración de Gabriel Boric
El anterior gobierno vetó la legislación argumentando que parte de su articulado “podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización”.
Gobierno retira veto a la Ley Integral de las Personas Mayores ingresado por la administración de Gabriel Boric / Getty Images
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este 18 de marzo el retiro del veto sustitutivo a la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Esta medida permite que el proyecto, que ya contaba con la aprobación unánime de ambas cámaras del Congreso, quede listo para su despacho y pronta promulgación.
Desde el gobierno destacan que la normativa establece un marco legal que reemplaza el enfoque asistencial por uno basado en derechos. Según destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, la iniciativa reconoce a las personas mayores como sujetos activos con capacidad de decisión y aporte a la sociedad.
“Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto (...) Reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible”, señaló la secretaria de Estado.
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Desde La Moneda argumentan que uno de los pilares del retiro del veto es mantener los beneficios en materia de protección laboral y trabajo flexible. La ley busca combatir el “edadismo” (discriminación por edad) y garantizar que el trabajo voluntario sea un espacio de autonomía y sentido.
Razones del veto
El pasado 27 de febrero, cuando el anterior gobierno ingresó el veto, la entonces ministra Toro explicó que la medida no ponía en entredicho el compromiso del gobierno con las personas mayores.
“Con respecto al veto, responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger. Nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor presenta riesgos que pueden afectar su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una ‘libre elección horaria’ que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización”, detalló.
Toro Agregó que “proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable”.
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