“Copia” de informes y conflictos de interes: Contraloría cuestiona contratación de exfiscal Guerra en Providencia y la AMSZO

Un nuevo flanco judicial y administrativo se abre para el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra. Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), emitido el pasado 20 de febrero, determinó que su contratación y las labores desempeñadas en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) y en la Municipalidad de Providencia no estuvieron apegadas a la legalidad. El pronunciamiento ocurre meses antes de que el ex persecutor sea formalizado en marzo por los delitos de cohecho y violación de secreto en el marco del denominado “Caso Audios”.

La investigación de la Contraloría, solicitada por los diputados Daniella Cicardini (PS) y Daniel Manouchehri (PS), junto a la exconcejala Isidora Alcalde (FA), puso el foco en el periodo inmediatamente posterior a la renuncia de Guerra al Ministerio Público en 2021. El informe, firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, revela que el exfiscal comenzó a prestar servicios a honorarios apenas un día después de hacer efectiva su salida de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la probidad de dichos vínculos, publica La Tercera.

Conflicto de interés en la zona oriente

Respecto a su paso por la AMSZO —entidad que agrupa a Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes—, el órgano fiscalizador advirtió la existencia de un conflicto de interés. Mientras Guerra era contratado para implementar una “Fiscalía” vecinal, la Municipalidad de Vitacura interponía querellas en su contra por violación de secreto en el contexto de irregularidades en organizaciones locales. La CGR fue enfática al señalar que la asociación debió abstenerse de contratar a personas cuya situación “pugna con el principio de probidad administrativa”.

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Asimismo, la Contraloría objetó los pagos recibidos por Guerra en la asociación, los cuales ascendieron a una suma bruta de $3.389.831. El contrato establecía que el pago se realizaría “a todo evento”, independiente de si se ejecutaban o no las tareas. El ente regulador calificó esta cláusula como fuera de derecho, subrayando que cualquier desembolso de fondos públicos debe estar condicionado a la efectiva ejecución de las labores encomendadas.

Informes “copiados” en Providencia

En el caso de la Municipalidad de Providencia, las observaciones se centraron en la calidad y el contenido de las asesorías jurídicas por las que Guerra percibió un total de $11.299.435. Tras revisar los reportes mensuales del exfiscal sobre responsabilidad funcionaria, la Contraloría detectó que gran parte de los documentos consistía en transcripciones literales de leyes y otros textos normativos sin análisis adicional.

Por ejemplo, el informe detalló que en el mes de agosto, seis de las doce páginas entregadas por Guerra eran copias de normas legales, mientras que en noviembre, la mayor parte de su reporte replicaba íntegramente once artículos del Código Penal. En consecuencia, el organismo liderado por Dorothy Pérez concluyó que este gasto “evidentemente no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos” y ordenó a Providencia iniciar un proceso disciplinario para establecer las responsabilidades de quienes visaron y autorizaron dichos pagos.