Tribunal revisará condena de Patricio Maturana por cegar a senadora Campillay y evaluará posible reducción de pena

El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha fijado una fecha clave para revisar la sentencia de Patricio Maturana, excarabinero condenado a 12 años de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la actual senadora Fabiola Campillay.

La instancia judicial evaluará la posibilidad de modificar la pena efectiva que el exuniformado cumple actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

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Contexto de la revisión y beneficios previos

Esta revisión de sentencia se produce en un momento de especial atención, luego de que Maturana obtuviera un permiso de salida dominical autorizado por el Consejo Técnico del penal.

• El beneficio fue otorgado tras considerar que el interno cumple con los requisitos de buena conducta y el tiempo mínimo de permanencia exigido por la ley.
• Su primera salida se materializó el pasado 8 de febrero, situación que despertó fuertes críticas de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

El caso

Patricio Maturana fue hallado culpable de disparar una bomba lacrimógena directamente hacia el rostro de Fabiola Campillay durante las manifestaciones del estallido social.

• El impacto le provocó a la senadora una ceguera permanente.
• Además, la víctima sufrió la pérdida total de los sentidos del olfato y el gusto.

¿Qué se evaluará en el tribunal?

La próxima audiencia tiene como objetivo primordial analizar si existen méritos para modificar la condena original. El tribunal de San Bernardo pondrá bajo la lupa tanto el comportamiento del imputado dentro del recinto penal como eventuales nuevos argumentos que presente su defensa para solicitar una rebaja o cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena.

Esta resolución es seguida de cerca por la opinión pública, ya que representa uno de los fallos judiciales más simbólicos respecto a la responsabilidad de agentes del Estado en lesiones oculares y violencia institucional durante las protestas de 2019.