Muñeca bielorrusa: Fiscalía solicita prisión preventiva para Ángela Vivanco en formalización por cohecho y lavado de activos

En una jornada marcada por la alta tensión judicial, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó formalmente la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La exmagistrada fue formalizada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser detenida la noche del domingo por personal de Carabineros y comparecer esposada ante el juez Cristián Sánchez.

La imputación, liderada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Marco Muñoz, se enmarca en la denominada “trama bielorrusa”. A Vivanco se le acusa de los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, presuntamente cometidos en colusión con su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Estos últimos tres sujetos ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva por estos mismos hechos desde noviembre pasado.

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Los hechos imputados por el Ministerio Público:

• Concierto delictivo: Se presume que Vivanco, Migueles y los abogados se concertaron para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en una disputa legal contra Codelco.
• Beneficios económicos: La investigación sostiene que Vivanco y su pareja recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban los recursos de protección en el máximo tribunal.
• Infracción de deberes: La fiscal Wittwer afirmó que Vivanco, infringiendo los deberes de su cargo, concurrió con su voto a resoluciones favorables para CBM.
• Perjuicio a Codelco: Debido a estos fallos, la estatal se vio obligada a pagar cerca de 12 mil millones de pesos al consorcio. Con estos dineros, la empresa pagó honorarios a sus abogados, quienes habrían derivado parte de los recursos a la exministra y a Migueles.

La audiencia comenzó cerca del mediodía de este lunes y se extendió hasta las 13:30 horas, momento en que el magistrado decretó un receso. Se espera que durante la tarde se retome la instancia para conocer la resolución sobre la libertad de la imputada, cuya defensa busca evitar la medida de prisión solicitada por la fiscalía.