Más cerca de ser ley: estas son las personas que no podrían tener armas de fuego en Chile
El Senado analiza indicaciones para fortalecer la protección de víctimas mediante un control más estricto de municiones y armas de fuego.

Más cerca de ser ley: estas son las personas que no podrían tener armas de fuego en Chile / Edward Olive - fine art photogra
Las Comisiones unidas de Mujer y Equidad de Género junto a la de Familia del Senado dieron un paso decisivo en la tramitación del proyecto de ley que prohíbe el porte, tenencia y adquisición de armas de fuego a personas vinculadas a procesos de violencia intrafamiliar (VIF). La iniciativa, que ya cuenta con aprobación general de la Sala, entró en su fase de análisis particular para fortalecer la seguridad de las víctimas.
El corazón del proyecto establece un régimen normativo riguroso que afecta no solo a los condenados, sino también a quienes estén denunciados, formalizados o sujetos a suspensión condicional del procedimiento por delitos de VIF. Esta restricción se extiende además al almacenamiento de municiones y cartuchos, buscando cerrar cualquier espacio de vulnerabilidad ante potenciales ataques armados.
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Según detallaron la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el Ejecutivo presentó siete indicaciones clave. El objetivo principal de estas modificaciones es que el tribunal deba decretar de forma inmediata la medida cautelar de prohibición y retención de armas apenas se detecte que el agresor tiene acceso a ellas.
Para asegurar la eficacia de la medida, el proyecto propone que los tribunales de familia tengan acceso permanente a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). De esta manera, los magistrados podrán verificar en tiempo real si un denunciado posee armas autorizadas a su nombre y proceder con la mayor celeridad posible.
“Vida e indemnidad”
Asimismo, las autoridades puntualizaron que la iniciativa busca elevar el estándar legal para evitar que los procesados puedan eximirse de esta cautelar, armonizando estas reglas con la Ley 21.675 sobre violencia de género. “El bien jurídico a proteger es la vida e indemnidad de quien hace la denuncia”, enfatizaron las representantes del Ejecutivo durante la sesión presidida por la senadora Carmen Gloria Aravena.
Tras conocer los detalles de las indicaciones, la instancia legislativa acordó proceder con la votación y despacho del proyecto durante la próxima sesión, lo que marcaría el cierre de su análisis en comisiones unidas antes de regresar a la Sala del Senado.
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