Contraloría detecta desorden financiero por $3.700 millones en municipio de San Pablo, región de Los Lagos
Movimientos sin respaldo en nueve cuentas, exautoridades con permisos vigentes y fallas de control motivaron sumarios y un plazo de 60 días para regularizar.
Contraloría Regional de Los Lagos
La Contraloría Regional de Los Lagos detectó un desorden financiero por cerca de $3.700 millones en la Municipalidad de San Pablo, asociado a movimientos de ingresos y egresos en nueve cuentas corrientes que no estaban debidamente respaldados ni registrados en la contabilidad municipal.
Los hechos corresponden al período entre enero de 2024 y junio de 2025 y dieron origen a un plazo de 60 días para subsanar las irregularidades, según el Austral de Osorno.
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El informe advierte que la falta de conciliaciones bancarias y de reconocimiento oportuno de transacciones podría haber generado una distorsión en los saldos contables, lo que incluso —según el organismo— podría derivar en eventuales detrimentos patrimoniales, los que no fueron prevenidos ni detectados oportunamente.
“Es para tranquilidad de la ciudadanía”
Además, se constató que exautoridades y exdirectivos, entre ellos el exalcalde Juan Carlos Soto (RN), mantenían autorizaciones vigentes para girar fondos, pese a haber dejado sus cargos.
La auditoría fue solicitada por el actual alcalde Marco Carrillo (PPD) tras asumir en diciembre de 2024. “Después de dos periodos de un alcalde es necesario conocer el estado real de lo que la nueva autoridad recibe. Es para tranquilidad de la ciudadanía y para comenzar la gestión conociendo las ventajas y desventajas”, señaló.
Carrillo detalló que el informe reveló “deficiencias contables graves por más de $3.700 millones por falta de registros y conciliaciones bancarias”, además de una gestión deficiente de ingresos, lo que se tradujo en $234 millones no percibidos al cierre de 2024, y problemas en la ejecución presupuestaria y en el registro de pasivos.
“Desorden administrativo y de procedimientos”
Respecto del control interno, afirmó que hubo “falta de advertencia oportuna de déficit y riesgos financieros, lo que configura una deficiencia organizacional”.
Desde el municipio aseguraron que ya se iniciaron acciones para regularizar las cuentas y retirar formalmente las autorizaciones bancarias, subrayando que “no existe ningún tipo de pérdida o extravío de recursos públicos, sino un desorden administrativo y de procedimientos que se debe erradicar”.
No obstante, la Contraloría instruyó procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
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