“Doblegaron su resistencia”: centro médico obligó a TENS a renunciar y ahora pagarán millonaria indemnización
El Poder Judicial acreditó que la empresa presionó a la funcionaria, con 11 años de servicio, para firmar su salida inmediata bajo amenazas.
“Doblegaron su resistencia”: centro médico obligó a TENS a renunciar y ahora pagarán millonaria indemnización / South_agency
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictó una sentencia condenatoria contra la sociedad Servicios Médicos Santa María Limitada, obligándola a pagar una suma superior a los $24 millones a una técnica en enfermería (TENS). El tribunal determinó que la trabajadora no dejó su cargo voluntariamente, sino que fue coaccionada y amenazada por su jefatura para firmar su renuncia, encubriendo así un despido ilegal.
La magistrada Carolina Luengo Portilla acogió la demanda tras comprobar que, tras 11 años de servicio, la empleadora acorraló a la funcionaria en una reunión, utilizando una acusación sobre la falsificación de una receta para forzar su salida inmediata, sin respetar los procedimientos legales para un despido disciplinario.
Vicio del consentimiento
Según detalla el fallo (causa rol 7.619-2024) publicado por el Poder Judicial, la estrategia de la empresa consistió en saltarse las vías legales. En lugar de investigar y sancionar la supuesta falta, la jefatura optó por “doblegar la capacidad de resistencia” de la mujer para obtener una firma rápida y barata.
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La resolución es enfática al señalar que la renuncia no fue un acto libre. “Es posible determinar que la actora fue presionada por su empleador (...) siendo expresión de ello que el requerimiento de renuncia fue efectuado sin resguardos ni consideraciones a la persona de la demandante", se lee en la sentencia. El texto añade que resulta “poco razonable” que una empleada con más de una década de antigüedad decida irse intempestivamente sin una razón atendible, si no fuera por la existencia de una “voluntad viciada” por el miedo.
Además, testigos acreditaron que la trabajadora experimentó “notorias afectaciones en su salud física” inmediatamente después de la encerrona en la que se le obligó a firmar, lo que reforzó la tesis del tribunal sobre la existencia de fuerza y presión indebida.
Un despido disfrazado
El tribunal fue claro en su razonamiento: si la empresa tenía pruebas de una falta grave (como la emisión irregular de una receta), debió haber ejercido las acciones disciplinarias correspondientes. Al no hacerlo y optar por la coacción, la empresa intentó “aparentar un término unilateral del vínculo” para evitar acreditar los hechos legalmente.
Al anularse la renuncia por falta de voluntad real, la justicia recalificó el término de la relación como un despido injustificado. Esto activó automáticamente las indemnizaciones legales que la empresa intentó evadir, sumando además un castigo monetario adicional.
En consecuencia, se ordenó a Servicios Médicos Santa María el pago de los siguientes montos:
- $15.405.302 por indemnización por años de servicio.
- $7.702.651 correspondientes al recargo legal del 50% (sanción por despido injustificado).
- $1.400.482 por indemnización sustitutiva de aviso previo.
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