Desorden en Serviu norteño: Contraloría acusa que entregaron beneficios “a dedo” y sin expedientes de respaldo
La investigación realizada por Contraloría comprobó que el servicio vulneró los principios de igualdad y transparencia, además de no realizar las visitas de control obligatorias.

Una severa auditoría realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá dejó al descubierto una serie de irregularidades administrativas y falta de control en la gestión del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) local. La investigación, centrada en la entrega del Subsidio de Arriendo durante los periodos 2023 y 2024, confirmó que el organismo estatal asignó beneficios ignorando los criterios de puntaje y falló en verificar quiénes habitaban realmente los inmuebles financiados con recursos públicos.
Uno de los hallazgos más críticos se produjo en el llamado especial de 2024, destinado a grupos vulnerables como personas mayores y en situación de discapacidad. En esa instancia, el servicio excluyó inicialmente a 18 postulantes que tenían mejor puntaje que los seleccionados, vulnerando el principio de igualdad y transparencia que rige estos procesos. Aunque la situación fue corregida un año después, el hecho evidenció una discrecionalidad no permitida en la selección de las familias.
Sin respaldo y “a dedo”
Según detalla el Informe Final N° 391 de 2025 emitido por el ente fiscalizador, el desorden administrativo impidió trazar la legalidad de varios beneficios. En nueve casos auditados, simplemente no existían los expedientes de postulación ni de contratación, haciendo imposible comprobar si las familias cumplían los requisitos o si las viviendas arrendadas eran aptas.
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El documento es lapidario respecto a las asignaciones directas. La auditoría cuestionó 15 resoluciones en las que el Serviu entregó el subsidio de forma directa invocando normativas de excepción, pero sin entregar ningún fundamento de hecho ni razones jurídicas que justificaran saltarse el conducto regular.
Beneficiarios “fantasmas”
La falta de presencia en terreno fue otro punto negro en la gestión. La Contraloría constató que el Serviu abandonó su deber de fiscalizar el buen uso de los dineros fiscales: se detectaron 69 casos sin ninguna visita de control y otras 59 inspecciones que se hicieron fuera de los plazos legales.
Esta nula vigilancia tuvo consecuencias reales: en al menos dos de las viviendas fiscalizadas, los auditores descubrieron que los ocupantes no eran los beneficiarios del subsidio, lo que constituye una infracción grave a las bases del programa que busca ayudar a familias específicas y no ser una fuente de lucro o subarriendo irregular.
Ante la contundencia de los hallazgos, la Contraloría instruyó al Serviu Tarapacá la apertura inmediata de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas, además de exigir la implementación de medidas correctivas urgentes para reforzar los mecanismos de control y evitar que estas situaciones se repitan.
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