Contraloría detecta graves falencias en gestión de incendios forestales de Conaf en La Araucanía
Protocolos ignorados, alertas meteorológicas desestimadas y sumarios en curso marcan el duro informe por los siniestros en Traiguén y Lonquimay.
Imagen referencial - Archivo. / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO
La Contraloría General de la República reveló una serie de debilidades en la gestión de incendios forestales por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región de La Araucanía, tras auditar su actuación en dos siniestros de gran magnitud ocurridos entre 2024 y 2025 en las comunas de Traiguén y Lonquimay.
En el caso del incendio “Providencia”, registrado en 2025 en Traiguén, el organismo fiscalizador determinó que el fuego se originó a partir de una quema controlada autorizada por Conaf que no fue correctamente extinguida, lo que derivó en la afectación de 3.064 hectáreas.
Referencial. / Manuel Lema Olgun
Según el Informe Final de Investigación Especial (INVE) N° 569, la autorización se otorgó sin considerar las alertas tempranas preventivas emitidas por Senapred ni las proyecciones meteorológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que advertían altas temperaturas, baja humedad y vientos de hasta 50 km/h, condiciones que elevaban significativamente el riesgo de propagación del fuego.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y remitió el informe al Ministerio Público.
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Además, ordenó a Conaf revisar sus criterios para autorizar quemas controladas e incorporar de manera obligatoria la verificación de alertas y condiciones climáticas, asegurando trazabilidad y rigurosidad en los procesos.
El informe también acreditó que Conaf no cumplió con su deber legal de denunciar el incendio al Ministerio Público, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen, lo que afecta la transparencia y eficacia del sistema de persecución penal.
Respecto al incendio de Lonquimay en 2024, que consumió 805,85 hectáreas de bosque nativo y se mantuvo activo por 129 días, la Contraloría detectó falencias en el sistema Sidco, utilizado para calcular los costos del combate. El módulo de costeo no fue plenamente implementado, obligando a realizar estimaciones manuales y poco confiables. Además, se constató la falta de registros clave, como la identificación del Comandante de Incidente, en la mayoría de las fichas revisadas.
Por ello, la CGR ordenó a Conaf implementar mejoras en un plazo máximo de seis meses y establecer procedimientos formales para remitir directamente al Ministerio Público los informes técnicos en casos de incendios de alta magnitud.