Llamadas desde la cárcel, falsos ejecutivos bancarios y víctimas con alto patrimonio: así operaba la banda que dejó casi $1.000 millones en pérdidas
La investigación detectó un esquema coordinado desde la cárcel, con roles definidos dentro y fuera del penal, que mantenía a sus víctimas durante horas bajo presión psicológica.
Una investigación de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía permitió desarticular una asociación delictiva dedicada a estafas en la modalidad “cuento del tío”, cuyos integrantes se hacían pasar por falsos policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero.
En concreto, la banda criminal operaba, incluso, desde el interior de un recinto penitenciario y dejó un perjuicio cercano a los $1.000 millones en sus víctimas. El procedimiento culminó con la detención de siete personas chilenas —cuatro hombres y tres mujeres— en operativos simultáneos realizados en Santiago, La Serena e Iquique.
En total, se ejecutaron 21 órdenes de entrada y registro en San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos, Renca, además de La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, junto a una diligencia voluntaria en Puente Alto.
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Durante los allanamientos se incautaron $103 millones en efectivo, US$18 mil, $2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles y diversas especies de lujo —ropa, carteras, relojes, zapatillas y lentes— avaluadas en $60 millones.
Además, en coordinación con Gendarmería de Chile, se allanaron celdas del centro penitenciario de La Serena, donde se incautaron nueve celulares vinculados a tres integrantes de la organización.
Cómo operaba la red
Según explicó el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, los imputados contactaban a las víctimas —mayoritariamente mujeres con alto patrimonio— alertándolas de supuestos intentos de fraude. Les aseguraban que el “caso” era monitoreado por un falso ejecutivo bancario junto a personal de la PDI y la CMF, y les solicitaban retirar su dinero y entregarlo a supuestos funcionarios que concurrían a los domicilios.
La fiscal de Ñuñoa-Providencia, Alejandra Godoy, detalló que la indagatoria se inició en octubre tras la denuncia de una primera víctima con un perjuicio cercano a $500 millones. El análisis permitió detectar múltiples hechos con un mismo patrón y establecer que la red tenía roles definidos: contactos telefónicos desde la cárcel, facilitadores de equipos, recolectores de dinero y testaferros para ocultar bienes adquiridos con el fraude.
La persecutora agregó que el tribunal autorizó el congelamiento de ocho cuentas bancarias y medidas cautelares sobre tres inmuebles a nombre de terceros. En total, hay 13 personas identificadas; de ellas, tres permanecen prófugas. La formalización quedó fijada para este domingo, a la espera de completar diligencias y peritajes.
Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, valoró el trabajo conjunto y subrayó la relevancia de reforzar el control carcelario: “Las bandas también operan desde las cárceles; combatirlas exige instituciones robustas y coordinación permanente”.
Recomendación a la ciudadanía: ante llamadas que soliciten claves, tarjetas o retiro de dinero, corte la comunicación y verifique directamente con su banco. Ninguna institución pide entregar efectivo o productos bancarios a domicilio.
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