Elizalde enfrenta a la UDI tras amenaza de acusación constitucional contra Grau: “Es absurdo jurídicamente y políticamente”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de la amenaza de acusación constitucional anunciada por diputados de la UDI contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, calificándola como “jurídica y políticamente absurda” y acusando un uso impropio de los mecanismos de fiscalización del Congreso.

La reacción del secretario de Estado se produjo luego de que los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez advirtieran que recurrirán a una acusación constitucional si el Ejecutivo insiste en reingresar al Congreso una norma vinculada a los despidos de funcionarios a contrata en el marco del proyecto de reajuste del sector público, la que la oposición ha tildado de una “ley de amarre”.

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“El instrumento de la acusación constitucional está concebido con una finalidad distinta. Si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, lo que corresponde es votar en contra, no amenazar con una acusación constitucional”, afirmó Elizalde, subrayando que utilizar este mecanismo frente a una iniciativa legislativa “transgrede lo que establece la Constitución y desnaturaliza los instrumentos de fiscalización”.

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El ministro fue enfático en señalar que la eventual acusación carece de sustento. “Todos los parlamentarios que tienen conocimiento del derecho, incluidos parlamentarios de oposición, han señalado que una acusación de esta naturaleza no tiene sentido”, remarcó.

En paralelo, Elizalde volvió a descartar que el Gobierno esté impulsando un “amarre” de funcionarios. Reiteró que todo el personal de confianza que ingresó a la actual administración cesa en sus funciones el 11 de marzo, lo que permitirá a las nuevas autoridades designar libremente a sus equipos. “Hemos sido claros y reiterativos: los funcionarios de confianza terminan su vínculo al finalizar el mandato del Presidente Boric”, sostuvo.

Respecto a las cifras que hablan de cerca de 33 mil funcionarios beneficiados, el ministro explicó que existe una confusión en los números, debido a traspasos de personal desde municipios a servicios locales de educación, lo que distorsiona el cálculo.