Proyecto de “amarre”: ¿Qué tan difícil será remover a funcionarios públicos? Abogado lo explica
La iniciativa que busca proteger a funcionarios a contrata genera críticas y podría desatar una ola de conflictos judiciales si se aprueba, según expertos.
Agencia Uno
El llamado proyecto de “amarre” impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha generado un intenso debate político y jurídico, al buscar restringir la no renovación de contratos a funcionarios públicos a contrata en el cambio de administración.
La propuesta ha sido cuestionada tanto por su impacto institucional como por el momento en que fue presentada, a pocos meses del término del mandato.
En ese sentido, el abogado laboral y cofundador de SoyHonorario, Pedro Peña, explicó que no se trata jurídicamente de un “amarre”, ya que si el proyecto es aprobado por el Congreso será plenamente legal.
Sin embargo, advirtió que sí implica que el próximo gobierno enfrentará mayores trabas para no renovar las contratas de más de 290 mil funcionarios bajo esa modalidad.
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En el plano político, el experto sostuvo que el gobierno de José Antonio Kast se encontraría con un escenario inédito, ya que no podría aplicar con la misma facilidad una práctica histórica del Estado: la rotación de cargos a contrata asociados al gobierno de turno, algo que —según Peña— han hecho todas las administraciones anteriores.
Desde el punto de vista judicial, el abogado anticipó un escenario complejo. A su juicio, la iniciativa podría provocar una oleada de recursos judiciales, similar a lo ocurrido con los trabajadores a honorarios, especialmente si se intenta desvincular a funcionarios de carrera que no cumplen funciones políticas.
Uno de los puntos más controvertidos es el alcance real del proyecto. Aunque el ministro Nicolás Grau señaló que los funcionarios de gabinete deberán dejar sus cargos, Peña advirtió que, de aprobarse la modificación legal, incluso esos puestos podrían verse beneficiados, dificultando su reemplazo efectivo por la nueva administración.
“Pensar que esas personas se irán solo porque así lo determine un ministro es ingenuo”, señaló el abogado, subrayando que muchas decisiones se tomarían cuando las actuales autoridades ya no estén en funciones, lo que agrega incertidumbre al proceso de recambio.
Si bien el objetivo declarado del proyecto es proteger a los funcionarios a contrata que no responden a lógicas de ‘apitutamiento’, Peña calificó la iniciativa como un desacierto, considerando que lo más probable es que no sea aprobada y que, nuevamente, los trabajadores públicos queden expuestos a malas prácticas.
Finalmente, el experto cuestionó la oportunidad política de la propuesta y planteó que, si la real preocupación era el gasto fiscal y la estabilidad laboral, el Gobierno debió haber impulsado una reforma estructural de modernización del Estado, algo que —según indicó— no ocurrió durante el mandato.