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Corte de Apelaciones rebaja indemnización a víctima torturada en Valparaíso y Pisagua: estos fueron sus argumentos

Tenía 33 años cuando fue sacado de su empleo y trasladado en el buque Maipo. Hoy, la Corte de Santiago reconoció el “daño moral” provocado por el Estado.

Corte de Apelaciones rebaja indemnización a víctima torturada en Valparaíso y Pisagua: estos fueron sus argumentos

Corte de Apelaciones rebaja indemnización a víctima torturada en Valparaíso y Pisagua: estos fueron sus argumentos / Caption Photo Gallery

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una sentencia definitiva a favor de Justo Maturana Monterríos, una víctima de la dictadura militar, ordenando al Fisco (el Estado de Chile) pagarle una indemnización de $50.000.000 por el sufrimiento vivido tras el golpe de Estado, monto, que según lo informado por el Poder Judicia, es menor al estimado incialmente.

En un fallo unánime, los jueces de la Novena Sala confirmaron que Maturana tiene derecho a recibir este dinero por concepto de “daño moral”, es decir, como una forma de compensar el dolor, la angustia y las secuelas psicológicas provocadas por la detención ilegal y las torturas.

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La historia de la detención

Los hechos se remontan al 12 de septiembre de 1973, apenas un día después del golpe militar. Justo Maturana, quien entonces tenía 33 años, se encontraba en su lugar de trabajo cuando fue detenido por efectivos de Carabineros.

Según estableció la justicia, comenzó entonces un periplo de horror:

  1. Primero fue llevado a la Academia de Guerra de la Armada en Valparaíso, donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura.
  2. Posteriormente, fue subido al buque Maipo y trasladado al norte del país, específicamente al campo de prisioneros de Pisagua, controlado por el Ejército, donde continuaron los maltratos.
  3. En total, estuvo privado de libertad ilegalmente durante 38 días.

¿Por qué ese monto?

Explicado en palabras simples, el tribunal tuvo que decidir cuánto “vale” o cómo se traduce en dinero ese sufrimiento (lo que en leyes llaman pretium doloris o precio del dolor).

Para fijar la cifra en $50 millones, los ministros Hernán Crisosto, Maritza Villadangos y el abogado Manuel Luna consideraron varios factores:

  • La edad joven que tenía la víctima al momento de los hechos.
  • La gravedad de los dolores físicos y emocionales que le causaron.
  • El tiempo que estuvo encerrado sin haber cometido ningún delito.
  • Los montos que se han pagado en otros casos similares a víctimas de derechos humanos.

Con esta decisión, la justicia ratifica la sentencia que ya había dictado el 9° Juzgado Civil de Santiago, cerrando este capítulo judicial con una medida de reparación para la víctima.

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