Ya son 45 los detenidos: Nuevo gendarme se entrega a la justicia y restan solo tres prófugos de la red de corrupción carcelaria

La crisis al interior de Gendarmería de Chile continúa escalando. Este miércoles, las autoridades confirmaron la detención de un nuevo funcionario vinculado a la masiva red de corrupción desbaratada en la denominada “Operación Apocalipsis”, elevando a 45 el número de uniformados capturados por su presunta participación en ilícitos al interior del penal Santiago 1.

Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, quien optó por entregarse voluntariamente en las dependencias del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería. Con su captura, el Ministerio Público informó que aún restan tres funcionarios por ser detenidos para desarticular completamente la agrupación criminal.

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Drogas y descontrol en el penal

La detención de Gutiérrez Acuña se da en un contexto de revelaciones impactantes sobre el funcionamiento interno del recinto penitenciario. Durante los allanamientos realizados en el marco del operativo, se descubrió una situación de descontrol absoluto: un grupo de gendarmes fue sorprendido consumiendo alcohol y drogas al interior del penal.

Según lseñaló EMOL, cuatro funcionarios intentaron deshacerse de bolsas con ketamina al percatarse de la presencia policial, siendo detenidos en flagrancia. Otros, en un intento desesperado, trataron de huir y arrojar por los baños la droga que mantenían oculta en los techos del recinto.

Formalización inminente

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la situación con cautela durante la mañana de este miércoles. Consultado por los detalles del consumo de drogas y la corrupción interna, la autoridad señaló en Radio Cooperativa que “hay detalles que yo no le puedo entregar, porque son parte de la investigación”, adelantando que la Fiscalía expondrá la totalidad de los antecedentes en la audiencia de formalización de cargos programada para este viernes.

La caída de este nuevo implicado agudiza el “fuerte remezón” institucional que vive Gendarmería, obligando al Gobierno a anunciar reformas estructurales para separar las funciones de custodia de las de reinserción social.