Cárceles con un 140% de sobrepoblación: revelan cifra de personas que han ingresado a la cárcel durante este gobierno

El sistema penitenciario chileno enfrenta una presión sin precedentes tras registrar un aumento acelerado en la cantidad de personas privadas de libertad. Según cifras reveladas por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, la población penal ha crecido un 35% desde 2022 a la fecha. En términos concretos, esto significa que el país pasó de albergar a 42.000 internos a bordear los 63.000 en la actualidad, generando una sobrepoblación promedio del 140% en los recintos.

Lo más alarmante para las autoridades no es solo la cifra actual, sino la tendencia al alza que no muestra signos de detenerse. Los estudios presentados ante la comisión legislativa indican que no existe una proyección de “meseta” o estabilización; por el contrario, se espera que el número de reclusos continúe aumentando durante el próximo año. Este escenario de crecimiento constante pone en jaque la capacidad logística del Estado, que ha mantenido el presupuesto y la dotación de personal de Gendarmería pese al incremento sustancial de la carga de custodia.

Impacto directo en la seguridad y reinserción

El hacinamiento extremo está anulando las capacidades técnicas para la reinserción social y el control delictual interno. Muñoz fue enfático en señalar que, dada la saturación física de los espacios, hoy es prácticamente imposible realizar una segregación efectiva de la población penal. Esta mezcla forzada de internos favorece el “contagio criminógeno”, facilitando que reos de menor peligrosidad sean reclutados o influenciados por perfiles vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

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La tensión interna se traduce en riesgos directos para los funcionarios de prisiones. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, alertó sobre las constantes amenazas y agresiones que sufre el personal, ejemplificando la violencia con un incidente ocurrido este lunes 1 de diciembre en el penal de Talca, que dejó a cinco funcionarios lesionados. Ante esto, los parlamentarios se comprometieron a agilizar proyectos de ley que brinden mayor protección legal y física a los custodios y sus familias.

Una crisis de Estado

Aunque el Ejecutivo asegura que no existen “espacios vetados” para la autoridad dentro de las cárceles, se reconoce la necesidad urgente de un plan maestro y una estrategia integral. La comisión coincidió en que la crisis carcelaria es un problema de Estado que ha superado a distintos gobiernos y que requiere soluciones graduales pero sostenidas, enfocadas tanto en la infraestructura como en la persecución penal inteligente para evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones delictuales.