Alarma en Tiltil: hallan aguas servidas, asbesto y obras sin permiso en ex Punta Peuco

La transformación de Punta Peuco en un penal integrado al sistema penitenciario común sigue generando polémica en Tiltil. A las preocupaciones por la llegada de reclusos de distinto perfil, ahora se suman serias observaciones sanitarias levantadas por autoridades locales y confirmadas poar la Seremi de Salud de la región Metropolitana.

El anuncio del Presidente Gabriel Boric a comienzos de noviembre, que puso fin al carácter especial del recinto, desencadenó protestas de vecinos que temen un aumento de la delincuencia y la instalación desordenada de nuevas poblaciones en el sector. Las manifestaciones incluyeron cortes en la Ruta 5 Norte, reflejo del malestar por lo que describen como un cambio impuesto sin consulta previa.

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En paralelo al descontento ciudadano, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició una inspección tras denuncias por olores y movimientos irregulares en las cercanías del penal. De acuerdo a La Tercera, su director, Alejandro Lara, aseguró que encontraron un estero seco donde se estarían vertiendo aguas servidas sin tratamiento, evidenciando fallas en la planta de tratamiento, la cual, según el análisis municipal, no estaría operativa.

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Además, constataron que el pozo que abastece de agua al penal no alcanza el caudal necesario, lo que obliga a depender de camiones aljibe, indicó el citado medio. También detectaron obras en ejecución sin permisos sanitarios ni informes sectoriales, junto con el retiro de techumbres con asbesto sin medidas de seguridad. Todo fue reportado a la Seremi de Salud, la Dirección General de Aguas y organismos ambientales.

La Seremi inspeccionó el recinto el 20 de noviembre y confirmó que Punta Peuco opera con sistemas propios de agua potable y alcantarillado sin resolución sanitaria vigente, además de una planta elevadora “sin mantención”.

La preocupación también se siente entre los residentes del sector Punta de Peuco, donde viven unas 120 familias. Temen que se repita lo ocurrido en Colina, donde la instalación de recintos penitenciarios derivó —según relatan— en asentamientos informales, aumento de delitos y pérdida de control territorial.