Corte Suprema aumenta indemnización a joven universitario que sobrevivió a ejecución en río Mapocho
El principal tribunal del páis destacó el impacto emocional, psíquico y espiritual acreditado: encierro, interrogatorios y violencia física y psicológica ejercida por agentes del Estado.
La Corte Suprema ordenó al Fisco de Chile indemnizar con $70.000.000 a Juan Sebastián Ramos Partarrieu, entonces estudiante de Derecho, quien sobrevivió a una ejecución y posterior lanzamiento al río Mapocho perpetrados en octubre de 1974. En fallo unánime (rol 15.137-2024), la Segunda Sala —integrada por Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Eliana Quezada y la abogada integrante Pía Tavolari— acogió el recurso por casación en la forma y restableció el monto fijado en primera instancia, que había sido reducido por la Corte de Apelaciones de Santiago sin fundamentación suficiente.
El máximo tribunal reprochó que la sentencia de alzada rebajara la reparación a $30 millones invocando criterios genéricos de “igualdad y proporcionalidad” con otros casos, sin precisar procesos comparables ni exponer razones concretas. Para la Suprema, esa motivación “no alcanza” para justificar la disminución y configura el vicio formal previsto en el artículo 541 N°9 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 500 N°4 del mismo cuerpo legal y el artículo 170 N°4 del CPC, al no extenderse la sentencia “en la forma dispuesta por la ley”.
Al confirmar el monto de primera instancia, la Corte destacó el impacto emocional, psíquico y espiritual acreditado: encierro, interrogatorios y violencia física y psicológica ejercida por agentes del Estado. Tales padecimientos fueron considerados por la jueza instructora para cuantificar el daño moral en $70 millones, criterio que la Suprema consideró debidamente probado.
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En el ámbito penal, el fallo mantuvo las penas de 8 años de presidio para los exintegrantes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Alejandro Segundo Sáez Mardones, como autores del delito de secuestro calificado en perjuicio de Ramos Partarrieu.
Según estableció la ministra en visita Paola Plaza en su investigación, Ramos —dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile— fue detenido el 1 de octubre de 1974 por funcionarios de inteligencia, golpeado e interrogado en dependencias institucionales y, cerca de las 22:00 horas, trasladado a la ribera del río Mapocho en Pudahuel, donde recibió disparos y fue arrojado al cauce. Gravemente herido, logró salir por sus medios, recibió auxilio de vecinos y, días después, abandonó el país por riesgo vital. El fallo civil reafirma la obligación estatal de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura y exige fundamentación estricta al revisar montos indemnizatorios.
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