Durante este martes, la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, abordó en ADN Hoy el proceso de desalojo de los habitantes de la toma instalada en el terreno del padre de la familia, asesinado por sicarios contratados por pobladores. El procedimiento se desarrolla tras un largo trámite que involucró al Ejecutivo y al Poder Judicial.

“La familia ha insistido en que lo importante es que se está ejecutando, aun cuando esto haya requerido tener una sentencia y haber pasado previamente por Contraloría. Lo relevante es que el proceso está en curso”, señaló la representante.

Bruna explicó que aún existen personas que se resisten a dejar el lugar, alentadas por dirigentes y asesores “Los estudios demuestran que siempre estos grupos que asesoran a las tomas —como también ocurre con esta— sostienen que deben resistir a los desalojos porque serían ilegales conforme al derecho internacional. Eso es lo que hemos visto. Ayer, en un contacto televisivo, una pobladora confirmó que dirigentes los llamaban a resistir, a no irse, confiando en que podrían quedarse y eventualmente comprar el terreno”, comentó.

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Respecto al argumento de que la orden judicial alude solo a la demolición y no al desalojo, la abogada sostuvo que “eso fue lo mismo que argumentó la Seremi ante la Corte para explicar por qué después de cuatro años no se había ejecutado la orden de demolición. La Corte declaró ilegal esa omisión y ordenó notificar y ejecutar la demolición”.

En ese contexto, explicó que “tanto los pobladores como uno de los asesores presentaron dos recursos de protección el año pasado, que fueron rechazados con los mismos argumentos. El tercer recurso, que aún está en tramitación, solicitó dos veces la orden de no innovar y ambas fueron rechazadas”.

Además, aseguró que no existen trabas jurídicas para avanzar en el procedimiento. “Existe un recurso en trámite, pero no bloquea la demolición con uso de la fuerza pública si fuera necesario”, subrayó.

Los detalles del desalojo

Según explicó la jurista, el plan considera dos días para la demolición y cinco para el retiro de escombros, con custodia policial en todo el proceso. “Durante todo ese período habrá custodia de Carabineros: en los dos primeros días con un contingente de casi 800 efectivos enviados desde Santiago, y en los cinco restantes con personal de la región. Así está planificado”, detalló.

“Tenemos coordinación para el cierre del sector, porque los asesores de la toma han llamado a retomar el terreno. Ante eso, solicitamos una entrevista con el Fiscal Nacional y esperamos que el Ministerio de Seguridad también comunique que se trata de un acto ilegal, constitutivo de usurpación violenta, por el cual el abogado no asumirá responsabilidad, pero sí recaerá sobre las personas asesoradas. Carabineros lo tiene claro: cualquier persona que rompa los cercos será detenida”, afirmó.

En esa línea, precisó que se están tomando medidas. “Hemos debido invertir en zanjas para impedir nuevas ocupaciones. Es un trabajo costoso, pero necesario y que se está realizando en todas las regiones para evitar que se vuelvan a tomar los terrenos”, cerró.