Durante este viernes, el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramacciotti, abordó en ADN Hoy el debate sobre regularización migratoria que se instaló en la campaña presidencial, luego de que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, planteara la necesidad de discutir la situación de la mano de obra extranjera.

“Una parte muy importante, sobre todo en temporada alta, descansa en el trabajo extranjero. Es un aporte significativo para el país, pero también plantea desafíos que hay que abordar de manera responsable y realista. La discusión está justificada, no es un tema simple”, comenzó señalando.

Ramacciotti precisó que la informalidad es uno de los principales problemas en el sector agrícola: “Los datos disponibles muestran que el sector agrícola es de los que tiene mayores niveles de informalidad, entre 40% y 60%. En el caso de los extranjeros, la irregularidad migratoria está muy vinculada con esa informalidad laboral”.

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La regularización efectiva

Añadió que las investigaciones del centro han revelado vulneraciones de derechos. “Sueldos más bajos de lo prometido, condiciones complejas e incluso la figura de ‘enganchadores’ informales, que prestan para mayores abusos, a diferencia de los contratistas regulados que sí están en registros oficiales”, explicó

“En el corto plazo es necesario formalizar ese trabajo. Y siendo realistas, cuando se escucha hablar de expulsar o encarcelar a unos 340 mil migrantes que hoy están en situación irregular, según el Servicio Nacional de Migraciones, eso no es una solución viable: Chile no tiene capacidad para hacerlo”, añadió.

Sin embargo. Ramacciotti planteó que “en ningún caso se puede regularizar a personas con antecedentes penales o que hayan cometido delitos, ni abrirlo a quienes llegaron recientemente, para evitar incentivos a nuevas migraciones irregulares”.

“Regularizar solo a trabajadores agrícolas sería hacerse cargo de manera parcial. Hay migrantes en situación irregular en otros sectores y mantener esa cantidad de población irregular no es solo un problema para ellos y sus familias, sino también un problema de seguridad, convivencia y economía para el país. No es lo mismo el impacto de 300 mil personas irregulares que de 300 mil regularizadas, integradas formalmente”, señaló.

“Trata de personas”

En paralelo, advirtió sobre riesgos de trata laboral en el agro. “También falta más fiscalización y sanción. El caso de los trabajadores vinculados a Francisco Javier Errázuriz se cruza con un tema de trata de personas, un riesgo presente en el agro. A veces se piensa en trata como personas encerradas, pero también existe en la explotación laboral: cuando un trabajador es amenazado con algún tipo de castigo si no cumple condiciones abusivas, puede configurarse un caso de trata laboral”.

“Recientemente, participamos en una actividad en Copiapó con el Poder Judicial sobre trata de personas con fines de trabajo forzoso. No es algo generalizado en el agro, pero existen factores de riesgo que muestran que puede haber casos. Por eso es clave avanzar en la formalización: las empresas que formalizan son las que quieren cumplir la ley; los empleadores que no lo hacen buscan abaratar costos, y ahí está el mayor riesgo de abuso”, cerró.