Oposición pide a Contraloría y CDE investigar compra de SERVIU en zona no urbanizable

Diputados de bancadas opositoras oficiaron a la Contraloría General y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investiguen la compra de un terreno en Quilicura por parte del SERVIU Metropolitano, operación realizada —según los parlamentarios— en una zona no apta para construir. El requerimiento solicita pronunciamiento sobre la legalidad de la adquisición y, de corresponder, la persecución de responsabilidades civiles y penales.

El oficio, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, fue encabezado por los jefes de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Carla Morales, y suscrito también por Roberto Arroyo (PSC), Henry Leal (UDI), Cristián Labbé (PNL), Francisco Undurraga y Jorge Guzmán (Evópoli). Los legisladores piden recabar antecedentes al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y al director regional del SERVIU, Roberto Acosta, además de instruir un sumario administrativo con sanciones si procede.

Los diputados sostienen que una transacción entre privados valorizó el predio en 28.730 UF y que, pocos días después, el SERVIU Metropolitano lo adquirió por 117.092 UF (algo más de $4.600 millones). A juicio de los oficiantes, cuando un precio se aleja de operaciones comparables o de parámetros de mercado, la entidad compradora debe justificarlo con tasaciones técnicas independientes y trazables, lo que —afirman— no ocurrió.

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El caso emerge tras un reportaje que cuestionó la aprobación de proyectos habitacionales sobre la base de una norma urbanística rectificada, afectando a centenares de viviendas y familias con subsidios ya asignados. La Municipalidad de Quilicura advirtió posibles irregularidades en la adquisición del predio para viviendas sociales y señaló inconsistencias documentales que habrían habilitado iniciativas en un sector fuera de “área urbana”.

Luego de indagatorias de la Seremi, el MINVU resolvió retrotraer la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (2019), restituyendo la condición de zona no urbanizable en parte del territorio. Esa decisión impactó, por ejemplo, a un condominio en construcción que no puede continuar bajo la normativa vigente. En paralelo, el ministerio anunció reubicación de las familias afectadas hacia otros proyectos regulares.

Los oficiantes citan la Resolución Exenta MINVU N° 2012025, que fija criterios para estudios preliminares y adquisición de terrenos y establece que el precio no podrá exceder la tasación comercial realizada por el SERVIU, sin exenciones. Sostienen que, si el inmueble está en zona no urbanizable, la compra compromete recursos públicos en un bien no idóneo para el fin habitacional, vulnerando los principios de finalidad pública, probidad y eficiencia.

A la presentación ante Contraloría se suma un segundo requerimiento al CDE para que evalúe acciones civiles, penales y otras gestiones que protejan el patrimonio fiscal, considerando que el diferencial pagado y las condiciones territoriales descritas podrían comprometer la integridad del erario y la finalidad pública de la operación. Según se indicó, el caso ya motivó una investigación interna y la apertura de un sumario en el SERVIU.