Un año nuevo para el olvido: ataque con arma blanca que dejó a un hombre al borde de la muerte termina con 7 años de cárcel para el autor

En la madrugada del 1 de enero, cuando Cochrane todavía intentaba sacudirse el eco de los brindis, un bar de la comuna se convirtió en el punto ciego del Año Nuevo. Allí, entre mesas apretadas y música alta, una disputa derivó en un ataque con arma blanca que dejó a un hombre al borde de la muerte y abrió una causa penal que ahora tiene sentencia firme en primera instancia.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Juan Pedro Bahamonde Millalonco a 7 años de presidio efectivo por el delito frustrado de homicidio simple. La resolución –adoptada por unanimidad por los magistrados Patricio Zúñiga Valenzuela, Carlos Astudillo Cerda y Pablo Freire Gavilán– incluye además las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Según tuvo por acreditado el tribunal, Bahamonde, premunido de un objeto cortopunzante, agredió a la víctima, identificada con las iniciales V.B.G.A., propinándole varios cortes en el tórax. Las lesiones fueron de tal gravedad que seccionaron completamente la arteria axilar derecha y parcialmente la vena axilar del mismo lado. Los jueces subrayaron que, de no mediar atención oportuna, el resultado probable habría sido una hemorragia masiva y la muerte del agredido.

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La figura de “homicidio simple en grado de frustrado” describe hechos en que el autor ejecuta actos idóneos para matar y sujeta a la víctima a un riesgo real de morir, pero el resultado fatal no se produce por causas independientes de su voluntad. En este caso, la intervención médica rompió la inercia de lo inevitable y explicó la diferencia entre un calendario que habría empezado de luto y uno que, con esfuerzo, siguió corriendo, informa Radio Las Nieves.

El fallo también ordena, una vez ejecutoriado, incorporar la huella genética del sentenciado al registro nacional de ADN de condenados. Se trata de una medida estándar en este tipo de delitos violentos, pensada para reforzar la trazabilidad de eventuales investigaciones futuras y consolidar bases de datos que dialogan con la prevención y persecución penal.

Señal a la comunidad

Más allá de la anatomía del expediente, la sentencia deja una señal hacia la comunidad: la violencia que se mimetiza con la noche –esa que a veces creemos rutinaria o “de bar”– tiene consecuencias penales severas. La decisión judicial sintoniza con una línea de respuesta que prioriza la protección de la vida y sanciona con dureza conductas que, por milímetros y minutos, no terminan en homicidio consumado.

Para la víctima, la jurisprudencia es menos abstracta: detrás de las siglas hay semanas de recuperación y un comienzo de año intervenido por cirugías, informes y declaraciones. Para el condenado, los 7 años de cárcel dibujan un horizonte inmediato sin atenuantes ni beneficios sustitutivos. Y para Cochrane, la resolución recuerda que la frontera entre celebración y tragedia puede ser tan delgada como una hoja de metal.