Durante este jueves, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió en ADN Hoy al fracaso de la negociación por la compra de 215 hectáreas del Cerro Centinela, en San Antonio, donde se levanta una de las tomas más grande del país, con más de 10 mil personas.

“Hay una disparidad, una dicotomía entre lo que ofrece el Estado y lo que ofrecen los propietarios. Los propietarios inicialmente plantearon 0,61 el metro cuadrado, el Estado 0,21. Bajaron a 0,40 y el Estado mantiene la postura inicial de 0,21. Creo que hoy día, a propósito de lo que se ha generado, el desenlace de la comisión técnica expone una preocupante falta de capacidad institucional para resolver una crisis habitacional de gran magnitud en nuestras regiones”, señaló.

El gobernador agregó que “los dueños hicieron un esfuerzo importante, bajaron de 0,60 a 0,40. El gobierno planteó 0,21 y ahí quedaron, no hubo más modificaciones en los guarismos. Pese a involucrar a todos los actores claves —ministerios, municipio, dueños de comunidad— el mecanismo implementado no logró destrabar el conflicto ni conciliar las posturas económicas”.

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En esa misma línea, sostuvo que “en la práctica, las autoridades no consideraron cómo superar las diferencias económicas ni brindar las certezas que exigían los propietarios. Esta incapacidad tiene consecuencias graves y urgentes: son más de diez mil personas, entre ellas alrededor de 3.146 niños y adolescentes, que van a quedar expuestos a un posible desalojo forzoso”.

“Crisis humanitaria”

“A eso me refiero cuando hablo de falta de capacidad institucional, porque estamos hablando del BancoEstado, que tendría que haber actuado como garante. La figura inicial fue constituir cooperativas, se crearon 40 que equivalen al 90% de la población de Cerro Centinela. Una vez constituidas las garantías, las cooperativas iban a gestionar crédito en el BancoEstado para poder allanar el acuerdo con los propietarios”, explicó Mundaca.

El gobernador advirtió que “con una orden judicial vigente, van a ser miles de familias las que enfrentarán la amenaza inminente de expulsión forzosa, lo que va a desencadenar una crisis humanitaria en San Antonio. En este proceso han estado involucrados el Minvu, la municipalidad y los propietarios”.

Además, dijo que “yo estuve hace pocos días, anteayer, con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y la municipalidad ya ha indicado que no cuenta con las condiciones materiales para asumir el albergue provisorio de esta cantidad de familias. Estamos hablando de 4.136 familias, más de 10.251 personas, y el municipio ha señalado que no tiene la capacidad de dar condiciones materiales para albergarlos”.

“Esto da cuenta de la ausencia de un acuerdo y pone de relieve la necesidad de medidas extraordinarias: garantía financiera, mediación política, para resguardar el derecho a la vivienda y evitar una catástrofe social de gran magnitud en nuestra región”, insistió.