Gobierno argentino obtiene orden judicial para evitar publicación de audios de Karina Milei: Casa Rosada acusa “espionaje ilegal”
En paralelo, el Ministerio de Seguridad pidió allanamientos al canal de streaming Carnaval —que difundió los audios en primer término— y a domicilios de sus periodistas.
Gobierno argentino obtiene orden judicial para evitar publicación de audios de Karina Milei: Casa Rosada acusa “espionaje ilegal” / Tomas Cuesta
Un juez federal en lo civil y comercial dispuso, a pedido del Poder Ejecutivo, el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. La medida cautelar —firmada por el juez Alejandro Patricio Maraniello— ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación y/o redes sociales”, y pidió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) cursar las comunicaciones urgentes correspondientes.
La presentación judicial lleva la firma de la propia secretaria general de la Presidencia. Allí, sin reconocer la autenticidad de los registros, se sostiene que, de existir, fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento” y que su circulación “perjudicaría gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”. Al hacer lugar a la cautelar, Maraniello subrayó que la decisión “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público” y que se acota a “un hecho concreto, puntual y excepcional” para resguardar derechos como la intimidad y el honor, además de la “seguridad institucional” por la eventual divulgación de contenidos sensibles.
El magistrado aclaró que la resolución “no convalida la figura de la censura previa” y que se trata de una restricción “provisoria y excepcional”, circunscrita a los audios anunciados el 29 de agosto y supuestamente obtenidos en conversaciones dentro de la Casa de Gobierno. La medida, dijo, opera como “remedio estrictamente instrumental y limitado en el tiempo”.
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En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por una presunta operación de inteligencia ilegal. La cartera que encabeza Patricia Bullrich pidió allanamientos al canal de streaming Carnaval —que difundió los audios en primer término— y a domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del dirigente Pablo Toviggino (accionista de Carnaval) y del abogado Franco Bindi. La causa recayó por sorteo en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.
Según la denuncia, firmada por el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, habría existido una “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada” de audios privados de Karina Milei y de otros funcionarios, con el objetivo de “desinformar”, “alarmar a la población” y “desestabilizar” el proceso electoral. El escrito invoca la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, al sostener que se trata de una operación “no institucional” y agrega que las grabaciones podrían haberse realizado en la propia Casa Rosada. También solicita medidas para impedir la publicación de nuevas filtraciones.
La ofensiva judicial del Gobierno se produce tras el impacto político del llamado “caso Spagnuolo”, también originado en audios difundidos públicamente y desmentidos por la Casa Rosada. Ahora, con una cautelar que congela la circulación de los registros atribuidos a Karina Milei y una causa penal en trámite por presunto espionaje ilegal, el expediente queda a la espera de las primeras medidas de prueba que determine el juzgado federal.
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