Son 300 mil personas en Chile: estudio alerta sobre alta precariedad y baja protección social de repartidores de aplicaciones
El informe del COES advierte ingresos inestables, racismo de clientes y 71% de trabajadores sin protección social ni contrato
Agencia Uno | Imagen Referencial / Sebastian Beltran Gaete
El trabajo en plataformas de reparto en Chile se desarrolla con “jornadas de hasta 12 horas, ingresos inestables y discriminación racial por parte de clientes”, advirtió el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). La evidencia recogida describe ausencia de seguros frente a accidentes y un entorno donde la calificación de usuarios puede verse afectada por sesgos anti-inmigrantes, con impacto directo en los ingresos de repartidores y repartidoras.
El estudio dimensiona el fenómeno: cerca de 300.000 personas trabajan hoy en plataformas digitales en Chile (2,4% de la población ocupada) y 3,3 millones de hogares usan estos servicios. En reparto de comida, aproximadamente el 60% de quienes trabajan son personas de origen extranjero; en transporte, la proporción alcanza el 25%.
El 71% se desempeña como trabajador por cuenta propia (sin acceso a seguridad social) y 64% tiene estudios técnicos o universitarios. En reparto, los ingresos típicos bordean los $2.800 por hora y alrededor de $140.000 a la semana; además, las mujeres trabajan menos horas y reciben montos mensuales menores que los hombres.
Revisa también:
La investigación documenta extensas jornadas diarias —entre 10 y 12 horas—, ausencia de seguros ante accidentes y una alta dependencia de las plataformas para generar ingresos, lo que incrementa la vulnerabilidad laboral de este grupo.
Otro hallazgo es el mercado informal de “cuentas alquiladas”: personas sin documentos o con restricciones legales pagan a terceros para operar con sus cuentas activas. Quienes arriendan carecen de cobertura en caso de accidentes, no tienen respaldo contractual y dependen del titular para seguir trabajando, lo que profundiza la precariedad.
El estudio —liderado por Macarena Bonhomme (COES y Núcleo Milenio NUDOS)— concluye que se trata de un problema estructural que requiere regulaciones para garantizar seguridad, estabilidad y derechos. Según Bonhomme, la economía de plataformas abre oportunidades de ingreso para migrantes, pero lo hace en un contexto de alta precariedad e inestabilidad, con racismo de clientes que puede traducirse en peores calificaciones en las apps.