Prefijos por llamadas spam en Chile: la numeración como una herramienta de ciberseguridad ciudadana
En un contexto donde las llamadas spam y los intentos de fraude telefónico se han convertido en una molestia cotidiana, esta normativa llega en pro de la protección digital de los ciudadanos.
Getty Images | Imagen referencial / sarayut Thaneerat
El pasado 13 de agosto, entró en vigor una nueva normativa que obliga a las empresas de comunicaciones masivas a usar prefijos numéricos específicos: 600 para llamadas comerciales autorizadas y confiables, mientras que el 809 es para aquellas no solicitadas; ofertas masivas o campañas publicitarias sin consentimiento previo.
Lo interesante de esta medida es que trasciende el ámbito de las telecomunicaciones, ya que convierte la numeración en una herramienta de ciberseguridad ciudadana, al permitir que cada persona tenga un filtro automático frente a posibles amenazas.
En un país donde miles han sido víctimas de llamadas fraudulentas, la iniciativa representa un cambio de paradigma al proteger al cliente desde la infraestructura misma.
Revisa también:
“Permite al usuario tomar decisiones informadas en tiempo real, disminuyendo el peligro de caer en esquemas de suplantación de identidad. Cualquier llamada masiva que no ocupe los prefijos podrá ser bloqueada automáticamente por los operadores", explicó Zady Parra, subgerente Operacional y Seguridad de Zenta Group.
“La implementación también obliga a las empresas a revisar sus mecanismos de contacto, adaptarse a los nuevos bloques numéricos y garantizar que sus comunicaciones cumplan con estándares éticos y legales. Lo anterior, no solo mejora la experiencia de las personas, sino que también fortalece la confianza en los canales digitales”, agregó el experto.
Sin embargo, asegura que, si bien los prefijos 600 y 809 representan un avance importante, no son una solución total. Esto, debido a que la efectividad de la medida dependerá de la capacidad de los usuarios para reconocerla, la fiscalización activa por parte de Subtel, y la voluntad de las firmas para seguirla.
Así, la educación digital y la colaboración entre actores públicos y privados van a ser esenciales para consolidar este nuevo estándar.