Dejó auto abandonado en faja fiscal de Olmué y pidió $30 millones para moverlo: ahora enfrenta denuncia de empresa

La empresa Aguas Pacífico Holding SpA interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Local de Limache contra Carlos Humberto Otazo Arancibia, a quien acusan de obstruir la construcción de un acueducto de agua desalinizada en Olmué.

Según la denuncia, el imputado habría estacionado y abandonado su vehículo en la faja fiscal de la Ruta F-100-G, sector El Venado, Quebrada Alvarado, desde el 9 de agosto de 2025.

Este espacio está autorizado por el Ministerio de Obras Públicas para el soterramiento del Acueducto San Isidro Quilapilún, proyecto que busca transportar agua desalinizada.

Revisa también:

• Prometieron barra libre de 100 metros, pero todo terminó en disturbios: Corte Suprema dicta millonaria sanción
• Profesor de Valdivia perdió la visión en protestas del 2019: Justicia ordenó al Estado indemnizarlo con millonaria cifra

La empresa sostiene que el vehículo bloquea el paso de maquinaria pesada, transporte de materiales y trabajadores, impidiendo la ejecución normal de las obras. Además, advierte que esta situación genera un riesgo real de accidentes graves o fatales para los operarios, debido al tránsito frecuente de equipos de gran tamaño.

De acuerdo con la denuncia, la gerente de Relacionamiento Comunitario de la empresa contactó al propietario para pedirle que retirara el automóvil, pero este se habría negado y exigido una compensación de 30 millones de pesos como condición para moverlo.

Según la normativa vigente, se sancionará con presidio menor a quienes interrumpan la libre circulación en la vía pública sin autorización y sin mediar accidente o desperfecto mecánico, utilizando un vehículo como obstáculo.

Aguas Pacífico afirma que la conducta de Otazo configura un delito flagrante y solicita que la fiscalía ordene el retiro inmediato del automóvil mediante grúas de Carabineros, trasladándolo al corral municipal más cercano.

Asimismo, pide que se investigue la participación del imputado y de cualquier otra persona involucrada, buscando que se apliquen las máximas penas previstas por la ley y que se condene al pago de costas.

El caso pone en evidencia conflictos entre obras de infraestructura de interés público y la oposición de particulares, así como el impacto que pueden tener actos de obstrucción en proyectos estratégicos para el abastecimiento de agua.