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Ministro de Vivienda insta a resolver toma de terreno en Quilpué de la familia Correa: Serviu recuerda que desalojo debe solicitarlo el dueño

Aunque Carlos Montes aseguró que “esto ya no da para más” evitó fijar plazos para el acto. Por su parte la Seremi explicó que “ya están los recursos”.

Ministro de Vivienda insta a resolver toma de terreno en Quilpué de la familia Correa: Serviu recuerda que desalojo debe solicitarlo el dueño

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió este lunes al conflicto por la ocupación del terreno de la familia Correa Uribe en Quilpué, cuyo desalojo y demolición fueron ordenados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero que aún no se concretan.

Desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) precisaron que, según el protocolo de Derechos Humanos de la Corte Suprema, “primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”.

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Montes sostuvo que “la familia Correa tiene todo el derecho a recuperar su terreno, tiene todo el derecho, y el problema que hay es que hay que hacer que esto camine”.

Aseguró que “esto ya no da para más, y hay que buscar resolverlo (…) y de una vez por todas, desocuparse ese terreno”, aunque recalcó que no se comprometerá con plazos: “Entiendo que en el día de hoy o mañana se va a reunir la mesa de desalojo para poder terminar de una vez por todas de clarificar la situación de acá”.

“Los recursos ya están”

En tanto, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, afirmó que “ya están los recursos para aquello” y que se están realizando “todas las gestiones para que la demolición pueda hacerse lo antes posible”.

Lo anterior, Paredes apuntó que están siguiendo “lo que establece el proyecto técnico de la demolición y las gestiones que tenemos que hacer con el intersector necesarias para que se den las condiciones para aquello”.

La tensión ha escalado al punto que la UDI ofició a la Contraloría General para determinar eventuales responsabilidades por la demora en la ejecución de la orden judicial.

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